Los socios de Sánchez aprietan para que reparta la recaudación de los nuevos impuestos con las comunidades

Pese a que la idea inicial del Gobierno es pasar el trámite del Senado sin incorporar novedades a la proposición de ley que sostiene los nuevos impuestos para evitar exponerse a una nueva votación, sus socios parlamentarios de referencia aún albergan la esperanza de introducir cambios y han registrado una batería de enmiendas en el Senado para tratar de conseguir que Hacienda se avenga a compartir los 3.500 millones de euros de recaudación anual que se esperan obtener con estas nuevas figuras con las comunidades autónomas.

Los grupos parlamentarios en los que se agrupan ERC, Bildu, Compromís, Más País o Geroa Bai, cuyos votos favorables resultan fundamentales para que la proposición de ley tenga un respaldo mayoritario en el Senado, han maniobrado en común para que se debata en la ponencia de la norma la posibilidad de ceder a los gobiernos autonómicos el 50% de la recaudación que el Estado obtenga por la puesta en marcha de los nuevos gravámenes, que se aplicarán ya sobre las rentas de 2022 y que por tanto generarán rendimientos ya a partir del próximo año.

Su argumentación se basa en que, si como sostienen los partidos en el gobierno en la exposición de motivos de la proposición de ley estos nuevos gravámenes se justifican por la necesidad de sufragar la acción de los poderes públicos para mitigar los efectos nocivos sobre la población de esta escalada de precios, estaría más que justificado que una parte de esa recaudación fuera a parar a las arcas de las comunidades autónomas, «que son las competentes en la prestación de los servicios más relacionados con el estado del bienestar», señalan el texto de las enmiendas registradas en el Senado.

La propuesta, que según las estimaciones del Gobierno incrementaría de un plumazo en unos 1.750 millones de euros los ingresos de las comunidades autónomas de cara al próximo año, aboga por diferentes criterios para garantizar una distribución razonable entre los diferentes territorios. En el caso del gravamen a las energéticas ese criterio sería el índice de consumo neto de energía de cada comunidad autónoma; en el del gravamen a la banca sería el volumen de los depósitos de la población del territorio, ya conocido porque es el que determina el devengo del impuesto sobre los depósitos bancarios; y en el caso del gravamen a las grandes fortunas se plantea un reparto en función de la población de cada comunidad autónoma, lo que se traduciría 'de facto' en que los impuestos pagados principalmente por contribuyentes madrileños y andaluces servirían para financiar políticas en otros territorios, en un modelo de redistribución que sobre el papel parece muy controvertido.

Los socios del Gobierno van más allá. No sólo han planteado modificaciones para distribuir el botín de los nuevos gravámenes también proponen que los gravámenes a energéticas, banca y grandes fortunas se hagan permanentes, que los impuestos a energéticas y banca se retoquen para gravar su negocio fuera de España y que se extienda el radio de acción del Impuesto sobre las Transacciones Financieras a los contratos de derivados y a las operaciones de alta frecuencia, como ya se hace en países como Italia o Francia, para mejorar su potencial recaudatorio. También subir el impuesto sobre el juego para incrementar el tipo impositivo que se aplica sobre las quinielas o los premios obtenidos en concursos.

El PNV ha registrado enmiendas para aligerar la base imponible del gravamen a las energéticas, restando las inversiones renovables o los dividendos de filiales de otros países por negocios no generados en España.