Los sindicatos avisan a Escrivá: el 73% de las solicitudes del ingreso mínimo vital se deniegan

Hace unas semanas comenzaba a rodar el autobús puesto en marcha por la Seguridad Social para captar beneficiarios de una ayuda que según datos oficiales es rechazada en un 73% de los casos. Las solicitudes resueltas se han denegado por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia, según los datos de los sindicatos. Aseguran que del conjunto del presupuesto destinado a esta prestación, tan solo ha ejecutado el 56% del mismo, teniendo en cuenta que aún quedan pendientes de solicitud el 57% de posibles beneficiarios y beneficiarias que representan en torno a 400.000 hogares.

Las centrales de la Administración explican también que esta prestación está gestionada, además de por el personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos que «precipitadamente» se contrataron para dedicarse a la gestión de esta ayuda. Aseguran los sindicatos que son interinos para los que el Ministerio no tiene nada previsto cuando termine su contrato, que su cese está previsto como muy tarde para septiembre de 2023, y que perderán su especialización y la inversión en formación que se ha hecho con ellos, «quedado el IMV como incremento de trabajo en convivencia con el resto de las prestaciones, que irremediablemente acumularán la carga de trabajo junto con la deficiencia actual de nuestras plantillas».

UGT, CC.OO. y CSIF avisan también de que el problema de gestión del IMV presente y futuro por la falta de efectivos en la Seguridad Social está generando una bolsa de expedientes pendientes de tramitación que ha motivado que, por parte del INSS, se adopten medidas urgentes bajo el paraguas del denominado «plan de Intensificación». Denuncian que este plan consiste en «ofertar horas extraordinarias que consideramos ilegales a la plantilla de interinos y al resto de la totalidad de plantilla existente que, lejos de solucionar la problemática, la agrava«.

Dicen que «este caótico escenario que evidencia la preeminente preocupación del ministro por el IMV, resta importancia al resto de prestaciones también vitales para quienes las precisan, que se siguen acumulando y que no están recibiendo este refuerzo». Añaden que «las envejecidas y mermadas plantillas de la Seguridad Social no alcanzan para tramitar el conjunto de prestaciones del sistema que están teniendo retrasos que producen interrupción de rentas. Funcionarios, dice, que verán incrementada su carga de trabajo, fuera de su jornada laboral, para la resolución de expedientes de IMV, una »situación insostenible porque no se encuentra personal que asuma dichas tareas extraordinarias debido al carácter voluntario de las mismas«.

La ayuda, que estaba destinada a ser la estrella de las prestaciones del Gobierno de coalición para luchar contra la pobreza en España en tiempos de pandemia, no termina de cuajar pese a los intentos de Escrivá de cambiar una prestación que de media asciende a 194 euros mensuales por beneficiario y 437 euros por hogar. Para protestar por la gestión las centrales de la Administración se manifestarán frente al Ministerio de Seguridad Social el viernes a las 11:00.