Sánchez coloca a un afín al frente de la gestión de los fondos europeos

Esta dirección general engloba cinco subdirecciones que, en suma, tratan del seguimiento, gestión y control de los fondos europeos, además de las solicitudes de desembolsos a la Comisión Europea. Un puesto de alta responsabilidad en el entramado creado por el Gobierno para gestionar los fondos que lleva meses siendo una patata caliente. Frutos Ibor presentó su renuncia al cargo hace cuatro meses y la carta de dimisión oficial data de hace mes y medio, según fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda del que depende.

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Susana Alcelay

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Al final, el sustituto será Jorge Fabra Portela, que ya estaba en los entresijos de la citada dirección general desde principios de 2021 y que antes formó parte del equipo de asesores del propio Pedro Sánchez en La Moncloa. El nombre de este hijo de Jorge Fabra Utray, un economista que siempre estuvo en la órbita socialista y fue presidente de Red Eléctrica con Felipe González, llevaba varias semanas sonando en el Ministerio de Hacienda.

En este departamento era público el deseo de Frutos de abandonar el cargo, ante los problemas que estaba generando la puesta en marcha de los sistemas de auditoría y control que está pidiendo Bruselas para poder conocer el destino y grado de ejecución del dinero que ha enviado con cargo a los fondos 'Next Generation'. Asimismo, su hermana Natalia Fabra es actual consejera de Enagás y asesora energética de referencia del Ejecutivo. Una persona con fuertes vínculos socialistas.

La dimisión de Frutos ha coincidido en el tiempo, asimismo, con la polémica que se ha generado en relación a las reticencias de Bruselas sobre el retraso de España en aplicar los mecanismos de control de los fondos. Esta es la causa principal por la que España no pide el dinero, como así lo han confirmado las fuentes consultadas por ABC, ya que pulula la amenaza de Bruselas de no conceder más recursos.

Por otro lado, otra de las razones que explican su deseo de abandonar el cargo es su complicada situación, en medio del fuego cruzado entre los ministerios de Hacienda y Economía por el control de los fondos, o lo que es lo mismo, entre las ministras María Jesús Montero, principal responsable, y Nadia Calviño, que por sus contactos en Bruselas ejerce como interlocutora.

No es un problema de congelación de los fondos europeos, porque estos no se han pedido aún, sino de confianza. «La Comisión Europea no se fía y desde el principio nos han puesto en el punto de mira, pero ahora la situación se agrava porque nos exigen más controles», señalan a este periódico fuentes cercanas a la negociación con Bruselas.

España está retrasando la petición de más fondos porque «no quiere salir retratada y que Bruselas se niegue a entregárselos». De hecho, una comisión de auditorías del sistema informático procedentes de la Comisión Europea se trasladó a España a final de septiembre, el lunes 26, para comprobar los avances en esta materia. Este grupo de auditores es distinto a los denominados 'hombres de negro', ya que su objetivo nada tiene que ver con el otro equipo de más de diez personas que durante tres días analizaron otras cuestiones distintas.

Lo que reclaman en la Comisión Europea es que el Gobierno ponga en marcha ya el mecanismo para controlar los fondos europeos, que en el caso español se llama Coffee. Hasta la fecha, la aplicación no está a pleno rendimiento y no todas las administraciones territoriales pueden volcar sus datos de ejecución de los recursos. Eso preocupa en Bruselas, lo que desata las amenazas de que puedan no llegar más fondos.

Eso genera un problema de apagón en los datos de ejecución real y control de los que debería disponer el Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda, encargado de centralizar todas las cifras, no sabe en realidad a qué proyectos y en qué cantidad se van dedicando los recursos europeos ya que Coffee no funciona plenamente. El Gobierno sí que es capaz de conocer lo que ejecuta la Administración del Estado, pero no las autonomías ya que estas denuncian, como publicó ABC, que no pueden volcar sus datos de ejecución en la plataforma.

Si la herramienta de control no funciona, las regiones no tienen una opción en tiempo real para enviar sus datos. Todo ello deriva en que el Gobierno desconoce por completo el grado de ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea.

Asimismo, cabe destacar que fue también el propio Gobierno el que se comprometió hace año y medio a poner en marcha este mecanismo. Sacó, incluso, una licitación para el desarrollo de la misma que ha tenido que ser prorrogada en tres ocasiones por diferentes motivos, incluidas razones de cambios de plazos de entrega de la plataforma porque no llegaban a tiempo.