Sánchez carga la mitad de la factura del escudo fiscal contra la inflación a las comunidades autónomas

«Son 45.000 millones de euros los que estamos destinando ya para proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadores de este país ante el aumento del coste de la vida y también ante el aumento del coste de la energía y los alimentos», añadió, para ilustrar el colosal esfuerzo presupuestario impulsado desde el Gobierno para hacer frente a la situación.

En la hora larga durante la que se prolongó su intervención nada dijo, sin embargo, sobre que una parte relevante de ese esfuerzo no la asumirá solo la Administración del Estado que él gobierna, sino las arcas de las comunidades autónomas que se dejarán alrededor de 2.000 millones de euros de recaudación potencial a costa del escudo fiscal dispuesto por el Gobierno Sánchez.

La cifra se corresponde a la mitad del coste recaudatorio previsto de las rebajas de IVA a la electricidad, el gas y los alimentos, que de manera indirecta afecta a las arcas autonómicas a las que según el actual sistema de financiación autonómica debe ir la mitad de la recaudación anual obtenida por el Impuesto sobre el Valor Añadido y que por tanto se ven afectadas por las pérdidas de recaudación que tenga el impuesto. La factura podría ser incluso mayor si se agrega lo que las comunidades autónomas van a dejar de ingresar por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, cuya recaudación está cedida al 100% a las autonomías y cuyo tipo ha sido rebajado al mínimo legal por el Gobierno con un coste recaudatorio anual de más de 2.000 millones de euros.

En los últimos días, varios gobiernos autonómicos del PP, como los de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León, han afeado al presidente del Gobierno por arrogarse la responsabilidad única de las medidas de alivio fiscal para los ciudadanos cuando éstas se hacen también a costa de las arcas de las comunidades autónomas, a las que corresponde el 50% de la recaudación del IVA. «Estamos de acuerdo en que se bajen los impuestos, pero el presidente del Gobierno debería advertir de que ese esfuerzo lo hacemos todos», protestan desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Madrid estima en 470 millones de euros anuales su aportación anual a ese escudo fiscal; la Junta de Castilla y León la estima en 265 millones; y Andalucía también ha recordado que la mitad del coste de esas medidas va contra los recursos de las comunidades autónomas.

La realidad es que a día de hoy ningún gobierno autonómico ha perdido todavía un solo euro por la aplicación de estas medidas. Como explican fuentes del Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas han venido percibiendo las entregas a cuenta que constituyen la parte del león de los recursos que les corresponden por el sistema de financiación con total normalidad hasta la fecha.

¿Por qué se quejan las comunidades autónomas entonces? Porque el sistema de financiación autonómica establece el principio de lealtad institucional, en virtud del cual cualquier medida adoptada por el Gobierno Central que incida sobre el potencial recaudatorio de los gobiernos autonómicos debe ser compensada para impedir que estos pierdan ingresos por decisiones adoptadas fuera de su perímetro competencial.

La ley de financiación autonómica de 2009 especifica el canal a través del cual habrá que hacer esa compensación, que es el Fondo de Suficiencia - el que garantiza que todas las autonomías tengan recursos suficientes para atender los servicios básicos de su población-, y el momento, cuando corresponda liquidar de forma definitiva la financiación recibida por las autonomías para un ejercicio determinado dos años después.

Las fuentes de gobiernos autonómicos consultadas por ABC aseguran que no tienen intención de solicitar compensación alguna por estas medidas, pero la ley de financiación autonómica de 2009 es clara y como explica el profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez, la compensación «la debería hacer el Ministerio de Hacienda de forma automática sin necesidad siquiera de acuerdo con las comunidades autónomas».

El contador de pérdidas, por tanto, empezaría a contar en 2023, cuando el sistema debería compensar la pérdida potencial de ingresos de las comunidades autónomas por las medidas activadas en 2021, básicamente la rebaja del tipo de IVA del 21% al 10% desde el mes de junio, aunque Madrid incluye también en esa factura virtual la reducción al mínimo del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Ese año las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros implicaron una pérdida de recaudación de 845 millones de euros según los datos oficiales, de los cuales al menos 254 millones (la mitad del coste de la rebaja del IVA de la luz) les correspondería a las CC.AA. La factura se iría hasta los 690 millones si se incluyeran los 336 millones que costó en 2021 la rebaja del impuesto especial, si bien según Hacienda este no es compensable según el perímetro de la ley de financiación autonómica.

La Ley de Presupuestos de 2023 prevé una actualización de más de 5.000 millones de euros del Fondo de Suficiencia de las comunidades autónomas por la recaudación extra obtenida en 2021, en el que los ingresos tributarios se dispararon más de un 15%, pero en ningún caso menciona que parte de esa actualización se deba a la compensación de la pérdida recaudatoria debida a las medidas de alivio fiscal aprobadas por el Gobierno.

Desde el Ministerio de Hacienda avanzan, de hecho, que en principio no hay intención de compensar a los gobiernos autonómicos por la potencial pérdida recaudatoria derivada de las rebajas transitorias de IVA aprobadas en los últimos meses, bajo el argumento de que se trata de rebajas parciales, enmarcadas en un contexto muy determinado y cuyos efectos no se van a consolidar en el sistema ya que tarde o temprano acabarán retirándose. Es menos claro respecto al impuesto especial, que aunque no sería compensable según la ley de financiación de 2009 si podría serlo por la aplicación del principio de lealtad institucional y de hecho el Gobierno abrió la puerta a una potencial compensación en el real decreto que estableció la rebaja del impuesto especial de la electricidad.

El grueso de la factura para las arcas autonómicas se pondrá de manifiesto en 2024 y 2025, cuando habrá que liquidar de forma definitiva la operativa del sistema de financiación de 2022 y 2023. Según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, hasta el pasado mes de noviembre la pérdida de ingresos asociada a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para contener la inflación superaba en cómputo anual los 6.000 millones de euros, de los cuales más de 2.000 millones se corresponden con las rebajas de IVA al gas y a las electricidad. Para el año que viene habría que añadir el impacto de 611 millones de la bajada del IVA a los alimentos básicos.