Yolanda Díaz ofrece ahora rebaja de jornada de 38,5 horas en 2025, pero la imposición por ley sigue alejando a CEOE

Entre tanto, la comisión de Trabajo de la CEOE ha rechazado de forma tajante las propuestas del Gobierno. Encargada de analizar todas las propuestas laborales, es el oráculo en el que se apoyan los órganos de dirección de la patronal para formar opinión sobre los cambios de legislación o propuestas que se llevan al diálogo social y se defienden ante la opinión pública. Sus más de 200 miembros no comparten la idea de una reducción de jornada sin recorte salarial y entienden que es un dardo en la línea de flotación de las empresas, especialmente las mas pequeñas, las verdaderamente afectadas por la que pretende ser la medida estrella en esta legislatura en lo laboral.

Las posibilidades que tiene Díaz de subir a CEOE al carro del acuerdo son prácticamente nulas si mantiene su intención de imponer por ley esta rebaja horaria, sin tener en cuenta la situación de los negocios y sin poner en marcha recortes significativos de los costes laborales, tal y como demanda la patronal. La organización que dirige Antonio Garamendi insiste en reivindicar la negociación colectiva como el marco adecuado para discutir sobre esta y cualquier medida horaria y entiende que lo contrario es una invasión de los convenios. Este martes el presidente de la patronal aseguró en un foro de FAES que la propuesta de Trabajo rompe el acuerdo de convenios firmado en mayo de 2023. «Hace un año la ministra de Trabajo y los sindicatos estaban gritando por las calles que teníamos que firmar un acuerdo nacional de convenios, al cual llegamos, y resulta -aseguró- que el Gobierno y los sindicatos rompen el acuerdo y ahora dicen que quieren menos horas por ley«.

Como ya informó ABC, imponer por ley la semana laboral de 37,5 horas supondría un fuerte revés para muchos negocios. Cepyme calcula que la reducción afectará, en mayor o menor medida, a tres de cada cuatro asalariados (unos 13,5 millones de trabajadores) y cifra en unos 42.400 millones los costes directos e indirectos que tendrán que encajar los negocios para atender esa exigencia legal en 2025. La oferta empresarial pasa, además de reclamar incentivos, por aplicar la medida de forma paulatina, según vayan venciendo los convenios, de lo contrario, en el medio plazo la aprobación de la norma es la apertura de un cisma negociador en la mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación vigentes en España.

El rechazo empresarial a la medida no le pone nada fácil las cosas a la vicepresidenta, que no tiene amarrados los apoyos parlamentarios, y sólo mantiene como fieles escuderos a los sindicatos, que ya la están reclamando que legisle, con o sin acuerdo en el diálogo social. UGT y CC.OO. se manifestarán este jueves en toda España, delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia frente a la «inacción» de los empresarios y para exigir que se sumen al acuerdo para reducir la jornada, con el argumento de que «la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor y eso redundará desde el punto de vista de la eficacia económica y de la creación de empleo», aseguró Pepe Álvarez, secretario general de UGT.