Yolanda Díaz se topa con el no de las patronales catalanas a presionar a Junts con la rebaja de jornada

En estos momentos los apoyos parlamentarios para que prospere la rebaja normativa que pretende la vicepresidenta segunda y los sindicatos hasta las 37,5 horas semanales no están asegurados, sobre todo por las reticencias de Junts, cuyos votos pueden ser determinantes para que la medida prospere. No sería el primer caso en que la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición ha frustrado algunas iniciativas que el Ejecutivo ha llevado, y ha logrado bloquear en cierta manera su agenda legislativa. Ocurrió el pasado mes de enero cuando Unidas Podemos tumbó en el Parlamento la reforma del desempleo.

El respaldo del PNV tampoco está claro, si bien la vicepresidenta segunda cree que no habrá problemas con el partido nacionalista después de ceder a una de sus peticiones históricas: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de ámbito nacional. El partido de Andoni Ortuzar se ha limitado a decir que la rebaja de la semana laboral no tendría gran repercusión en el País Vasco porque la mayoría de los convenios colectivos ya recogen una jornada de 37,5 horas a la semana.

En cualquier caso las formaciones catalanas y vascas mantienen un estrecha relación con el sector empresarial, lo que ha hecho que la ministra de Trabajo también transite por este camino para intentar garantizar los apoyos parlamentarios. Un movimiento que también incluiría a Podemos, que ya ha calificado la iniciativa de poco ambiciosa, y a ERC, formación que ha avisado de que no apoyará la reforma de Yolanda Díaz si no limita el trabajo nocturno y los turnos rotatorios.

El pasado miércoles el presidente del Gobierno sellaba en La Moncloa el pacto de pensiones que permite trabajar y cobrar el cien por cien de pensión con empresarios y sindicatos. A mas de 600 kilómetros Yolanda Díaz se reunía en Barcelona con las patronales catalanas para pulsar su respaldo al recorte de jornada y para reclamar su colaboración para presionar a Junts y que el partido de Puigdemont apoyara su iniciativa. El no fue rotundo.

Dos días permaneció la vicepresidenta segunda en Barcelona, donde mantuvo encuentros con los presidentes de Fomento del Trabajo y de la patronal amiga Pimec, Josep Sánchez Llibre y Antoni Cañete. El primero defendió ante la ministra de Trabajo las mismas tesis que la CEOE, que no cabe una imposición por ley de una materia que es competencia en exclusiva de la negociación colectiva.

De Pimec, la organización afín al Gobierno, Díaz tuvo que escuchar que su medida estrella puede afectar a la viabilidad, competitividad y el futuro de muchas pymes de diferentes sectores y que es clave poner en marcha incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social para compensar los costes que supondrá trabajar menos y cobrar lo mismo o más, teniendo en cuenta que los convenios colectivos incluyen también una senda de subidas salariales.

En esta línea, la CEOE se mantiene firme en su negativa a la oferta de la ministra, aunque seguirá negociando, sabiendo que las posibilidades de la negociación son prácticamente nulas. Los empresarios reclaman una rebaja «significativa» de los costes laborales de las empresas para aceptar una medida que supondría un duro mazado para los negocios.

Cepyme calcula que la reducción de jornada a 37,5 horas afectará, en mayor o menor medida, a tres de cada cuatro asalariados (unos 13,5 millones de trabajadores) y cifra en unos 42.400 millones los costes directos e indirectos que tendrán que encajar los negocios para atender esa exigencia legal en 2025. La oferta empresarial pasa, además de reclamar incentivos, por por aplicar la medida de forma paulatina, según vayan venciendo los convenios, de lo contrario, en el medio plazo la aprobación de la norma es la apertura de un cisma negociador en la mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación vigentes en España.

Hasta ahora la ministra sólo ha hecho un guiño a la negocios más pequeños, a los de menos de diez trabajadores, a quienes ofreció bonificaciones en las contrataciones que les resulten necesarias para cubrir los huecos que quedarían vacantes con la reducción del tiempo de trabajo. Aunque no se ha matizado la cuantía de estas bonificaciones, sí que se especificó que solo estarían destinadas a la firma de contratos de carácter indefinido. La propuesta ha sido rechazada por la patronal, dado que muchos negocios se quedarían fuera.

En el otro extremo están los sindicatos, que exigen a la ministra que legisle ya, con o sin acuerdo en el diálogo social. UGT y CC.OO. se manifestarán este jueves en toda España, delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia frente a la «inacción» de los empresarios y para exigir que se sumen al acuerdo para reducir la jornada, con el argumento de que «la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor y eso redundará desde el punto de vista de la eficacia económica y de la creación de empleo», aseguró Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

«No vamos a cejar en el empeño de que la reducción del tiempo de trabajo que ya hemos llevado a muchos convenios colectivos llegue al Boletín Oficial del Estado y llegue al Estatuto de los Trabajadores», ha asegurado Unai Sordo, líder de CC.OO. «Hay que reducir la jornada de trabajo para distribuir los beneficios que están acumulando en los últimos años las empresas. Toca hacerlo en la negociación y ahora también toca hacerlo también en la calles», argumenta Sordo.