La reducción de jornada y la prohibición de revisar contratos públicos le costarán 545 millones al sector de la limpieza

Para contextualizar el caso, hay que explicar que desde 2015 los contratos que suscriben las empresas con la Administración no se pueden revisar ni siquiera en situaciones de excepcionalidad. Con esta medida, surgida en un momento en el que nuestro país empezaba a levantar cabeza tras una crisis económica que requirió un grave ajuste fiscal, el Gobierno popular de entonces quiso evitar que los contratos públicos retroalimentaran la inflación. Sin embargo, los años han pasado y cada vez son más -incluido Sumar, el socio de Gobierno- los que quieren acabar con un corsé que ha empobrecido a muchas empresas y ha incrementado el número de contratos públicos que quedan desiertos: en 2023 fueron el 19,3% de las concesiones licitadas, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.

Con permiso de los constructores, la limpieza apunta maneras para ser el gran perjudicado, sobretodo las compañías grandes (Acciona. OHL, Ilunion, etc.), cuya facturación depende del sector público en un porcentaje que oscila entre el 60% y el 80% para la mayoría de estas firmas, advierte Aspel. Exactamente, desde esta asociación aseguran que desde que entró en vigor la prohibición de revisar contratos el sector ha perdido alrededor de 225 millones al año.

Añádanse a esto los crecientes costes laborales, especialmente gravosos para un sector en el que alrededor del 85% del gasto corresponde a mano de obra. Como ya se ha avanzado, en 2025 han irrumpido la última subida del SMI, que viene precedida de sucesivos aumentos de las cotizaciones, y una reducción de jornada que, si sigue adelante, ocasionará un agujero de 320 millones de euros a las empresas de la limpieza (sobre una facturación anual conjunta de 12.500 millones), según Aspel.

Es decir, que «los mismos que te suben los costes no te los dejan revisar», denuncia Juan Ignacio Beltrán, que asegura que, aún sin la aplicación del nuevo SMI o la reducción de jornada, durante los últimos años, por culpa de la Ley de Desindexación, muchos contratistas ya se han visto obligados reiteradamente a ejecutar prórrogas forzosas con precios muy alejados de la inflación o de los costes laborales impuestos por el Ejecutivo a través de sucesivas reformas regulatorias. «Pudiera llegar un momento en que las administraciones públicas no van a encontrar quien les preste servicios», advierte Beltrán, que pone como ejemplo lo sucedido con la licitación de Muface, caso en el que el 'plantón' de las aseguradoras ha sumido al Gobierno en una crisis sin precedentes y le ha obligado a proponer una oferta más jugosa económicamente.

Como ya se ha ha avanzado, en la guerra contra la desindexación las opiniones de la patronal coinciden con las de la formación que preside Yolanda Díaz, circunstancia que no deja de ser reseñable ya que lo habitual hasta ahora entre estas partes ha sido el frentismo (caso de la reducción de jornada). El pasado cuatro de febrero Sumar hizo lo que el PSOE ha evitado hasta ahora al presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para vincular el SMI, las modificaciones en las negociaciones colectivas y otros indicadores que pudieran afectar a los salarios a las cuantías de los contratos públicos. Esta «solución intermedia», explica Beltrán, se acerca las necesidades de las empresas.

En lo que refiere a la reducción de jornada, por su parte, Aspel pide lo mismo que CEOE y todas las patronales con voz, que el Gobierno detenga la tramitación parlamentaria de la reforma y se siente a negociar con las empresas y los sindicatos en el marco del diálogo social.