Las grandes constructoras piden reformar la contratación pública tras la subida del 27% de los materiales y el alud de encargos a Tragsa

Según los datos de Seopan, desde la pandemia el precio del acero se ha disparado un 36%, el de la electricidad un 54%, el del gas un 29,6% y el del cemento un 5,6%, incrementos que restan rentabilidad a la actividad de las empresas del sector, y por los que piden restablecer en los pliegos de las licitaciones la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios, que fue eliminado en 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy en la ley de Desindexación.

La asociación de la que forman parte ACS, Ferrovial, Sacyr o OHLA, dice que es igualmente prioritario ampliar el límite desde el 20 al 30% de la revisión excepcional de precios que el Gobierno aprobó tras el estallido de la guerra en Ucrania para poder reequilibrar los contratos anteriores a 2021, «al comprometer gravamente la ejecución de importantes proyectos de alta velocidad y de carreteras del Estado».

Además de esta reforma, Seopan también quiere que se impulsen otras regulaciones como los modelos colaborativos para mejorar la eficiencia de la contratación pública, la garantía del cumplimiento de plazos y presupuestos, la limitación del uso por parte de las Administraciones Públicas de medios propios y la renovación de un sistema de clasificación de contratistas «ineficiente y obsoleto».

El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha denunciado este lunes en una rueda de prensa que la licitación pública de concesiones de obras «está en mínimos» con solo 11 concesiones licitadas en 2024 por valor de 312 millones de euros cuando en 2023 ascendió a 5.274 millones por la salida a concurso del Plan de Carreteras de Aragón.

El sector se apoya en su demanda en el informe anual de supervisión de la contratación de 2024 de OIReScon (Ministerio de Hacienda), donde se recoge que en 2023 las concesiones representaron un 5,1% del total de la contratación y que un 19,3% de las licitadas quedaron desiertas.

Del mismo modo, Seopan ha denunciado este lunes el alud de encargos a medios propios por parte de las administraciones, tras hacerlo hace algunas semanas la CNC, tras dispararse entre 2021 y 2023 un 115% hasta superar los 4.000 millones de euros en trabajos, y concentrar la mayoría de esos encargos en 10 empresas públicas, en especial en Tragsa y Tragsatec. Para las constructoras, el encargo a medios propios para la ejecución de proyectos debe ser una excepción a los principios de libre competencia y «debe aplicarse de forma restrictiva» como así indica el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE).

La Asociación en su último informe publicado con la ingeniería Sener, identifica unas necesidades de inversión pública para la creación y modernización de infraestructuras en España de 349.268 millones de euros desglosados en 157.217 millones en infraestructuras planificadas (85.083 M€ en transporte, 37.938 millones enAgua y 34.196 millones en el Pniec), 113.809 millones en modernización y adaptación de infraestructuras existentes (destacando transportes con 55.056 millones y agua con 44.518 millones) y 78.240 millones en infraestructuras innovadoras (en el ámbito urbano 41.000 millones y en energías renovables y medio ambiente con 22.638).

El informe presentado hoy por Seopan también pide una renovación de la clasificación de contratas porque el marco actual «genera inseguridad jurídica». Entre otros factores, bajo el actual sistema, la organización denuncia ineficiencias como que el período para acreditar la experiencia de cinco años para las constructoras no considera el efecto negativo de la reducción de inversión en obra pública; los certificados para acreditar la experiencia, al referirse al fin de la ejecución de la totalidad de la obra, impiden en obras superiores a 5 años, obtener la clasificación; además de otros detalles como la acreditación por medios de cada subgrupo, la inexistencia de un sistema regulatorio único sobre las condiciones para obtener la clasificación y la inexistencia de un procedimiento que establezca las obligaciones y derechos de instructor y contratista, así como la imposibilidad de acreditar la experiencia internacional en ejecución de obras por la obligación de prueba con el modelo de certificado español.

Núñez también ha vuelto a considerar la necesidad de armonizar el modelo de financiación de carreteras español con el Europeo, y para ello considera prioritario implantar el pago por uso en las vías de alta capacidad del país. Según Seopan, implementar un modelo de tarificación en itinerarios interurbanos de gran capacidad, del Estado y Comunidades Autónomas, permitiría Invertir 10.661 millones de euros en medidas de seguridad operacional y vial, de sostenibilidad y de digitalización. «Además de armonizar con la UE el modelo de gestión y financiación de carreteras permitiría un superávit fiscal medio de 3.054 a 5.082 millones de euros al año por reducción del gasto público de conservacion e incremento de los ingresos públicos asociados a la tarificación», señalan en su informe.

Seopan pide esto cuando en diciembre de 2026 terminan los 10 contratos de concesión de autovías adjudicados en 2007, que según sus datos, soportan un 29% más de tráfico que el promedio de autovías libres y dan empleo a 500 trabajadores. El Gobierno tiene la posibilidad de ampliar las concesiones seis años más y las empresas del sector aseguran que ya tienen detectadas inversiones para esas infraestructuras por valor de 633 millones de euros.

Las constructoras señalan que esas concesiones próximas a la caducidad representan 4.657 millones de euros resultando unas tarifas de peaje (incluido IVA) equivalentes en función del tráfico registrado durante este periodo de 0,028 euros/km para vehículos ligeros y de 0,082 euros/km para vehículos pesados, un -78,5 y -66,6% inferiores a las tarifas medias de las autopistas de peaje en operación al no tener que repercutir a los usuarios la inversión inicial en construcción.

Según Seopan, existe un déficit inversor de 10.000 millones de euros en la conservación de carreteras españolas y en creación y adaptación de infraestructura se afrontan inversiones de 43.000 millones de euros durante la próxima década.

El sector también pone el foco en la oportunidad que puede suponer el Plan de rearme europeo de 800.000 millones de euros recientemente anunciado, para el que cree que sería fundamental que se acometieran inversiones en infraestructuras estratégicas en corredores transeuropeos, conexiones transfronterizas, líneas ferroviarias y conexiones ferro portuarias. «Esto no se ha contenido o indicado en ninguna propuesta porque hasta solo es un anuncio, pero es algo que por razones lógicas debe afectar a las infraestructuras. Si queremos una Europa más unida y queremos incrementar el gasto de defensa pasa por completar las conexiones prioritarias», ha señalado este lunes el presidente de Seopan, Julián Núñez.