El recurso contra la consulta de la opa enreda la vía judicial de BBVA contra el Gobierno

Statera Legal fue el despacho que judicializó la citada consulta pública y solicitó medidas cautelarísimas para evitar que el Gobierno pudiera utilizar los resultados de esa encuesta para torpedear la opa. La Audiencia Nacional, en un auto que contó con un voto particular, rechazó esas cautelarísimas e incluyó una frase relevante sobre la intervención del Gobierno en la fase tres para enmendar la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): «Es el Consejo de Ministros el que en definitiva ha de resolver, pudiendo mantener, endurecer o suavizar los compromisos planteados por la CNMC a principios de mayo», recoge el fallo.

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La causa en sí es sobre la consulta pública, pero está íntimamente ligada a la intervención en la opa que preparaba el Ejecutivo y que se materializó pocas semanas después en Consejo de Ministros con la prohibición de la fusión. La Audiencia Nacional viene a indicar en este auto que el Gobierno sí tiene capacidad legal para endurecer las condiciones a BBVA, en contra de lo que interpreta el banco vasco.

En todo caso, la Audiencia Nacional subrayaba acto seguido que un futuro recurso contra la intervención gubernamental en sí no sería de su competencia. Y es que si BBVA decidiera llevar la decisión del Consejo de Ministros ante la Justicia, sería el Tribunal Supremo el encargado de ver el asunto y no la Audiencia Nacional. De ahí que ese pronunciamiento añada una complicación al proceso.

Ni BBVA ni Banco Sabadell se han pronunciado al respecto pero fuentes jurídicas consultadas por este diario subrayan que esa valoración de la Audiencia Nacional «no constituye la razón para decidir del auto, sino que se trata de un argumento accesorio carente de carácter esencial para la denegación de la medida cautelarísima, que se fundamenta en la inexistencia de la urgencia exigida». En este sentido, consideran que no se trata de un pronunciamiento de «efecto vinculante respecto de las resoluciones que puedan dictarse en el futuro dentro del presente procedimiento» y que tampoco «prejuzga las decisiones que, en su caso, correspondan al Tribunal Supremo al conocer de los eventuales recursos contencioso-administrativos que pudieran interponerse contra la resolución definitiva del Consejo de Ministros».

Otra cuestión a reseñar es que el fallo de la Audiencia Nacional careció de unanimidad, ya que el voto particular del presidente consideró que sí concurría la urgente necesidad y procedían las cautelarísimas, en la medida en que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había elevado la decisión sobre la opa al Consejo de Ministros. Además, entendió que se daba la vía de hecho denunciada, puesto que la consulta pública constituía un trámite inexistente en un procedimiento reglado y, por tanto, una actuación material sin cobertura jurídica.

Una vez rechazadas las cautelarísimas, la causa contra la consulta del Gobierno sigue su curso, de momento, en la Audiencia Nacional. La última novedad es que, según ha podido saber ABC, el Banco Sabadell ha decidido personarse como interesado y los magistrados lo han aceptado. Según fuentes financieras, lo ha hecho para estar informado del proceso.

En caso de que BBVA decidiera llevar la intervención a los tribunales, se prevé una dura batalla jurídica con el Ejecutivo ya que tienen argumentos totalmente opuestos. Y, en cualquier caso, cabría la posibilidad de que el pleito se alargara durante años.

Los argumentos son muy distintos, más allá del pronunciamiento de la Audiencia Nacional. El Gobierno entiende que la Ley de Defensa de la Competencia le habilita a endurecer las condiciones de la CNMC y para justificar eso se basa en informes que no ha hecho públicos de la Abogacía del Estado. Asimismo, en la resolución del Consejo de Ministros mencionaba una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2014.

BBVA, entre otras razones, se escuda -mencionado por su propio presidente, Carlos Torres- en el dictamen que realizó el Consejo de Estado en 2006 sobre la normativa de competencia, en el que se decía que el Gobierno en realidad solo podría mantener o suavizar las condiciones de la CNMC ya que así se desprende del espíritu y la propia lógica de la ley.