El Gobierno abre por primera vez la 'hucha' de las pensiones

La Seguridad Social tiene problemas de liquidez desde el verano, cuando tuvo que disponer de los excedentes de las mutuas de accidentes por un importe superior a los cuatro mil millones de euros para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas. El año pasado acabó con un déficit del 0,9% del PIB y este año, aunque debería acabar en equilibrio presupuestario, los expertos pronostican también un desequilibrio de varios miles de millones.

A finales de año, la Seguridad Social tendrá que abonar unos 2.000 millones de euros más de los previstos para cubrir la desviación de la inflación y que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Este año, la subida de las pensiones fue del 1% pero el IPC acabará probablemente en torno al 3% y esa diferencia de dos puntos porcentuales es lo que hay que abonar. Cada punto que se suben las pensiones son mil millones más de gasto para la Seguridad Social.

Además, la consolidación de esa subida para el 2013 representa también un incremento de 2.000 millones en el gasto, aunque ya con cargo al presupuesto de 2013. Precisamente el año que viene se cumplirá la separación definitiva de las fuentes de financiación de la Seguridad Social de manera que los complementos a mínimos (las pensiones que no llegan al mínimo establecido son incrementadas hasta ese límite) y las prestaciones no contributivas correrán a cargo del presupuesto del Estado y no del de la Seguridad Social. Para ello, el Estado duplicará sus transferencias a la Seguridad Social, que se situarán en 2013 en 15.554 millones de euros.

Sáenz de Santamaría ha avanzado, además, que la partida del gasto social supone el 63,6% del Presupuesto del año 2013. La vicepresidenta ha asegurado que son unas cuentas "para salir de la crisis", con un equilibrio entre los ajustes por la vía del gasto y de los ingresos y que ha anunciado que las pensiones, las becas y los intereses de la deuda son las únicas partidas que se incrementan. Las partidas que crecen son las pensiones, las becas y los intereses de la deuda. De hecho, según ha dicho, los Presupuestos incluyen un ajuste del 58% por la vía del gasto y del 42% por la vía de los ingresos, lo que demuestra, según Santamaría, que el Gobierno está llevando a cabo una reestructuración administrativa y la reducción del gasto.

El Gobierno prevé ingresar el próximo año 74.215 millones por el IRPF (un 1,5% más que lo presupuestado en 2012), 19.012 millones por el impuesto de sociedades (un 2,8% menos), 54.657 millones por el IVA (un 14,6% más), 19.956 millones por los impuestos especiales (el 8,3% más) y 7.337 millones por otros ingresos tributarios (26,2% menos), lo que suma un total de 175.177 millones de euros (el 3,8% más). Así, tras la cesión a los entes territoriales, los ingresos para el Estado serán 105.311 millones de euros (el 37% más).

El 63,6% del gasto está destinado a partidas sociales; el 17,2% a transferencias a otras administraciones; el 6% a servicios públicos básicos (justicia, defensa, seguridad ciudadana y política exterior); el 4,6% al resto de actuaciones; el 4,5% a actuaciones de carácter económico (agricultura e industria) y el 4,1% a actuaciones productivas (infraestructuras e I+D+i). Estos porcentajes son sobre el total del presupuesto de gastos, excluida la deuda pública.

Entre los movimientos recaudatorios, destaca que los premios superiores a 2.500 euros correspondientes a los sorteos y apuestas de Loterías del Estado estarán sometidos a un nuevo gravamen del 20%, con el que se ingresarán 824 millones de euros. Asimismo, se mantendrá el impuesto sobre patrimonio, que fue recuperado transitoriamente por el anterior Ejecutivo socialista para los ejercicios 2011 y 2012, lo que permitirá recaudar 700 millones adicionales. El proyecto de ley incluye también la supresión de la deducción por la compra de vivienda habitual, el aumento del gravamen sobre plusvalías obtenidas a corto plazo, el límite de la deducción por amortización para grandes empresas y la creación de un gravamen del 5% para la actualización de los balances de empresas.

Además, entre las medidas adelantadas se encuentran el Plan Nacional de Reformas y que liberaliza sectores productivos y crea una nueva figura de autoridad fiscal para controlar posibles desviaciones en los presupuestos y para controlar la transparencia en todo caso. Se trata de un plan de reformas para el próximo semestre que "persigue generar empleo y riqueza". La nueva autoridad presupuestaria, que tendrá un carácter independiente, supervisará los presupuestos de todas las administraciones y velará por el cumplimiento de sus objetivos de déficit.

Para motivar la compra-venta de vehículos, se ha aprobado un plan de incentivos a la compra de automóviles, denominado PIVE (Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente), que entrará en vigor con efectos inmediatos desde el próximo lunes 1 de octubre. El Plan contempla una ayuda total de 2.000 euros -mil aportados por el Ejecutivo y los otros mil por las marcas- para la adquisición de un automóvil catalogado por el IDAE con las etiquetas A ó B de eficiencia energética, eléctrico o que use combustible alternativo, con un precio antes de IVA inferior a 25.000 euros.

El titular de Economía, Luis De Guindos, que ha tomado la palabra tras Sáenz de Santamaría, ha explicado que presentará en la comisión del Pacto de Toledo, antes de fin de año, reformas en la jubilación parcial y la anticipada para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal y se analizará el factor de sostenibilidad para adecuar las pensiones a la esperanza de vida. También ha dicho que el Ejecutivo aprobará antes de diciembre una estrategia de empleo juvenil y un contrato para la formación y el aprendizaje, el denominado sistema dual, para "acercar la formación al puesto de trabajo". Asimismo, se aprobará un plan que incentivará la cooperación público-privada de los servicios de empleo.