Los ayuntamientos deben 17.000 millones a los proveedores

El ministro apostó por «simplificar» y «eliminar duplicidades» en la administración pública en lo que calificó como una «reforma de las Autonomías». Dentro de este esfuerzo, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros la extinción de 27 empresas públicas, como la Sociedad Pública de Alquiler, la agilización en los procesos de liquidación ya iniciados de 14 sociedades y la venta de la participación en otras ocho empresas. Pero el verdadero tema candente sigue siendo la reducción de déficit. Y más en concreto la fórmula del Gobierno para cumplir con Bruselas y al mismo tiempo no asfixiar más la economía española en un año en el que el propio Ejecutivo ya prevé una caída del PIB del 1,7%. Sin embargo, el ministro, en línea con la política del Gobierno, no dio ninguna pista sobre cómo se lograrán reducir esos 20.000 millones para cumplir con el objetivo del 5,3% exigido por la UE.

Insistió Montoro en dejar claro que ese ajuste no se realizará a través de una nueva subida del IRPF, el IVA o los impuestos especiales. De hecho, recalcó que el aumento de la presión fiscal aprobado en diciembre se debió a «un agujero» en las cuentas públicas que obligó al nuevo Gobierno a actuar «con urgencia». Sin embargo, matizó el carácter provisional de esas medidas: «Es una subida temporal que caduca el 31 de diciembre de 2013». El ministro reiteró la idea de que no se saldrá de la crisis «subiendo los impuestos y recortando el gasto en las capas más débiles de la sociedad».

A pesar de que la mayoría de municipios recurrirán a esta medida, algunos consistorios como Barcelona, Málaga, Valladolid, Segovia y Girona han avisado de que no pedirán este crédito porque no lo necesitan para liquidar sus deudas. Madrid ha informado de que el Ayuntamiento, las empresas públicas municipales y sus organismos autónomos deben más de 1.017 millones a alrededor de 1.700 empresas y que adeuda 86 millones más que no pueden acogerse a este plan porque las facturas no son de obras, servicios y suministros, como establece el plan del Ejecutivo.

En cambio, el ayuntamiento de Barcelona no recurrirá a esta línea porque solo tiene cinco facturas pendientes de años anteriores, con un importe que no supera los mil euros. Al igual que Barcelona, el consistorio de Girona tampoco solicitará este crédito, ya que sus deudas de años anteriores solo ascienden a 243.000 euros.

Con los datos hechos públicos hasta el momento, si se tiene en cuenta el número de habitantes, resulta llamativa, por ejemplo, la morosidad de la ciudad autónoma de Ceuta, que, con una población de unos 83.000 habitantes, ha recopilado facturas por importe de unos 80 millones de euros. Cada ceutí adeudaría 971 euros, mientras que la deuda de cada madrileño rondaría los 311 euros. Por su parte, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, señaló ayer que su Ayuntamiento debía a 31 de diciembre de 2011 (fecha fijada en la norma del fondo) entre 175 y 190 millones de euros, aunque la cifra se debe certificar hoy de forma definitiva. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha cerrado sus cuentas y ha desvelado que tiene 7.499 facturas por un importe de 164,4 millones euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha preparado un dossier con 15.000 facturas que debe a 886 proveedores y que ascienden a 109 millones de euros.

En Andalucía, la mayoría de los grandes ayuntamientos han anunciado que se van a acoger a esta media, a excepción del de Málaga, al que no le hará falta recurrir a este fondo porque su situación es "solvente y saneada". El consistorio de Granada ha enviado un listado de 3.730 facturas por un importe de 107 millones de euros, en tanto que el de Córdoba mantiene una deuda de 25,5 millones de euros. Almería está estudiando si se acoge al fondo para abonar los 11 millones de euros que adeuda según el listado remitido, mientras que Sevilla y Jaén no han avanzado su cifra definitiva, aunque rondaría entre los 50 y 60 millones, en el caso de la primera ciudad, y los 300 millones, en el de la segunda.

Sobre 250 millones de euros suman las facturas de las capitales de provincia de Castilla y León, de los que más de la mitad corresponden al consistorio de León. El ayuntamiento de Toledo ha reunido facturas por importe de 29,7 millones de euros, el de Albacete por 35 millones, el de Ciudad Real por 10,1 millones y el de Cuenca por 22,3 millones.

En Galicia, las principales ciudades han reconocido pagos por 29,8 millones de euros: Santiago (13,1 millones), A Coruña (7,6 millones), Ferrol (4,7 millones) y Vilagarcía (4,4 millones). En cambio, Vigo, Pontevedra y Lugo aseguran que carecen de facturas impagadas, la misma situación del ayuntamiento de Logroño, que ha confirmado que tiene pagadas todas sus facturas con proveedores.

Los ayuntamientos vascos no requerirán ayuda estatal, ya que su financiación depende de las Diputaciones, aunque las tres capitales de la comunidad no tienen previsto hacerlo al sostener que no tienen deudas con proveedores. Muchos ayuntamientos de pequeñas localidades han remitido las facturas para poder aliviar su situación, como es el caso de la solicitud de 500.000 euros por parte de Peleas de Abajo (Zamora), uno de los pueblos más endeudados a pesar de tener solo 274 habitantes.