Los propietarios de pisos turísticos denuncian que este verano saldrán del mercado el 70% de los apartamentos por el registro del Gobierno

«Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital (VUD) y va a desaparecer de las plataformas», explica de manera contundente la presidenta de Fevitur, Silvia Blasco. La organización cree que la implementación de ambos mecanismos generará «un aumento de la economía sumergida y el repunte de más viviendas ilegales». Además denuncian que se trata de un nuevo sistema «que invade las competencias de turismo que están delegadas en las comunidades autónomas».

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El germen del problema, denuncia Fevitur, está en la «preocupante arbitrariedad» y «falta de uniformidad» con la que distintos Registros de la Propiedad, como expendedores del REAV y de la VUD, están actuando. «Están aplicando los criterios para la inscripción de viviendas de uso turístico ya debidamente registradas en los autonómicos». Asimismo, aseguran que los propietarios no se están encontrando con un «protocolo homogéneo» y se están dando «situaciones dispares» en cada territorio, «llegando incluso a exigir trámites suplementarios o negando inscripciones sin justificación suficiente».

«Esta falta de criterios claros y uniformes no sólo supone una vulneración del principio de seguridad jurídica, sino que deja en indefensión a millas de propietarios y operadores que cumplen estrictamente con las normativas autonómicas. No puede depender del criterio individual de un registro local la validez de licencias concedidas y reconocidas por las administraciones autonómicas, generando una situación de caos, desigualdad y desconfianza en el sistema», lamenta la asociación.

La denuncia llega cuando faltan 15 días para que sea obligatorio tras cumplirse la prórroga de seis meses que el Ministerio de Vivienda dio a los propietarios para conseguir el código de registro que tendrán que requerir de manera obligatoria las plataformas de reservas online para poder publicar los alquileres. Este código de identificación tendrá que ser solicitado tanto para alquileres turísticos, temporales e incluso habitaciones que se ofrezcan en esos portales.

El Registro se encarga de certificar que la vivienda cumple con las normas autonómicas de licencias de vivienda para uso turístico, con las ordenanzas municipales y con los estatutos vecinales en el caso de que estos incluyan la prohibición de los pisos turísticos en el edificio y debe dar una respuesta a los demandantes en un plazo de 15 días. Mientras tanto, los propietarios disponen del código para publicar sus pisos en los portales de reservas. En el caso de que se retire o suspenda el número de registro por el registrador, la Ventanilla Única Digital traslada una orden a las plataformas para que eliminen posibles anuncios asociados a ese número.

Sin embargo, Blasco de Fevitur insiste en que seestá excluyendo de la comercialización legal a numerosos titulares, «pese a estar inscritos debidamente en el Registro de Turismo Autonómico». «No puede ser que el futuro de millas de alojamientos y la planificación vacacional de millas de familias dependan de la interpretación subjetiva de cada registro, generando inseguridad y un trato desigual en todo el territorio nacional», denuncia. También recuerda que las comunidades «disponen de sus propios registros turísticos y han desarrollado normativas ajustadas a la realidad de sus territorios».

«El nuevo registro estatal, lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema», apostilla Blasco.

Según público el Colegio de Registradores la semana pasada, ya se habían generado más de 100.000 números de registro de alquiler y decían esperar un aumento en el número de solicitudes durante la recta final de la prórroga concedida por el Gobierno. «Por este motivo se han reforzado los canales de información y asistencia al usuario», aseguraron.