El problema de vivienda amenaza con estrangular la creación de empleo y lastrar el crecimiento económico

Así lo pone de manifiesto el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria socioeconómica y laboral de 2023 que si bien plasma un escenario general positivo en términos de PIB y de ocupación en el conjunto del pasado ejercicio, sí que se advierte de ciertas anomalías que podrían imbuirse de estos shock y configurar una losa que lastre el avance de los componentes macroeconómicos.

«El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos sociales. Durante 2023 los precios continuaron al alza y se endurecieron las condiciones de acceso al crédito inmobiliario, agravando las dificultades», explica el CES en su informe señalando como elemento diferencial que los gastos de vivienda absorben ya la tercera parte del gasto medio en los hogares.

En este punto, el presidente del CES, Antón Costas, admite que vistos los cimientos del crecimiento económico «el problema de la vivienda puede estrangular el buen comportamiento de la economía y del mercado laboral». Explican los expertos que el acceso a la vivienda en 2023 ha estado marcado por tendencias de distinto signo, en un contexto de aumento de población, del ritmo de creación de hogares tras la pandemia y de crecimiento del empleo. Sin embargo, factores como la subida de tipos de interés, el endurecimiento de las condiciones de financiación o el incremento de los precios han repercutido en la disminución de las compraventas y en el elevado coste del alquiler, de modo que una parte de la población, que necesita acceder o cambiar de vivienda, no lo consigue.

Durante 2023 se aprobaron nuevas medidas o se prorrogaron otras, orientadas a mejorar la asequibilidad y el mantenimiento de la vivienda, como elementos centrales del derecho a una vivienda adecuada. Entre ellas, cabe mencionar las dirigidas a la protección frente al desahucio y el aumento de las cargas hipotecarias o las limitaciones a la subida de los alquileres. En todo caso, la principal novedad vino dada por la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Aunque el CES señala que faltan datos para saber el impacto de la norma sobre el mercado, sí que parece que los indicadores de precios y complejidad para la compra o el alquiler dejan poco terreno a la esperanza con la actual regulación.

Además, persisten fuertes desequilibrios entre la vivienda de nueva construcción y la actividad de rehabilitación o entre la vivienda en propiedad y en alquiler, a lo que se suma el hecho de que los parques públicos de vivienda son insuficientes para atender las necesidades de las personas vulnerables con dificultades de acceso al mercado, especialmente en el caso del alquiler. Recientemente, la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el problema de la asequibilidad de la vivienda en España, como una de las cuestiones sociales clave en las que es necesario seguir avanzando.

En este sentido, tanto los síntomas como el diagnóstico vaticinan un empeoramiento de la situación en el corto plazo si no se toman medidas inmediatas. El hecho de que los españoles se emancipen con una media de 30 años contra lo 26 años de media en la UE genera un ya un anclaje de inmovilismo entre los jóvenes que tiene un impacto altamente negativo para el desarrollo de ciertas actividades, negocios y de la economía general en su conjunto. «Esta falta de movilidad también afecta al empleo», explica el economista Ignacio Conde-Ruiz, presidente de la comisión de trabajo que ha elaborado el informe durante la presentación de la Memoria.

Pensemos en el turismo, la falta de vivienda en esas áreas y el problema de acceso «ya está obstaculizando el desarrollo normal de estas actividad», señalaba Antón Costas explicando que esta circunstancia va a dificultar la movilidad de personas para esas actividades afectando al desarrollo de áreas de negocio.

«La reducción de stock de vivienda de alquiler social es un elemento estrangulador», reconoce también Conde-Ruiz, señalando el potencial impacto sobre el empleo, que no obstante no se cuantifica en el prolijo estudio presentado este jueves. «No solo en España, en Lisboa se manifiesta este mismo problema y si no se afronta dará problemas», señala el economista recordar como un elemento explicativo a esta tendencia del mercado de vivienda que ahora el crecimiento económico se concentra en ciertas áreas geográficas generando polos de atracción. «A las empresas les gusta estar en el mismo sitio» y se genera un efecto de acumulación, una economía de aglomeración como vía de ganancias de productividad, que también supone un foco de conglomeración de trabajadores.

Una consecuencia directa del aumento del volumen de hogares por encima del crecimiento del parque de viviendas confluye con un déficit de vivienda nueva es que se dificulta la absorción de la demanda en algunas comunidades autónomas y repercute en el retraso de edad de emancipación de las personas jóvenes. Aquí, la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda pretende dar respuesta a esta situación, junto con otras medidas como el Bono de Alquiler Joven. «Aún es pronto para evaluar sus efectos en el mercado, al igual que ocurre con el Sistema Estatal de Índices de Referencia del precio de alquiler», señalan también sobre este aspecto desde el CES.

En este punto, la vivienda social supone en España sólo el 2,5% del total de viviendas principales, frente a tasas superiores al 15% en algunos países europeos. La nueva Ley 12/2023 contempla medidas para abordar este problema. Señala Conde-Ruiz que uno de los aspectos que daría salida a la problemática es la recuperación de stock sobre este tipo de vivienda, pero también sobre las de vivienda asequible.

«En 2023, la mejora del empleo y la recuperación de los salarios no han sido suficientes para contrarrestar las dificultades para la formación de hogares por parte de los jóvenes, en un contexto de precios demasiado elevados para la mayoría, especialmente para quienes se encuentran en situación de inestabilidad o vulnerabilidad económica. Hay que recordar que a finales de 2022 el 30,2% de personas jóvenes estaba en riesgo de pobreza o exclusión social», explican los expertos como parte de esa tormenta perfecta que puede afectar seriamente al crecimiento económico y creación de empleo en el medio plazo.