La presión de las energéticas para mantener las nucleares choca contra la indiferencia del Gobierno
Cada vez queda menos tiempo para poder negociar la vida de Almaraz
Todas las partes han puesto sus líneas rojas en materia fiscal
Central nuclear de Almaraz
El futuro de la energía nuclear en España se decidirá en los próximos meses. Y esta vez parece que será la definitiva, aunque todas las partes se miran de reojo cada vez que tienen que dar un paso al frente. El último episodio ... se ha vivido hace unas semanas con la presentación de resultados financieros por parte de los propietarios de las centrales, y el pronunciamiento público del Gobierno sobre la supuesta negociación que debería darse.
En el plano empresarial, Iberdrola, Endesa y Naturgy sostienen desde hace meses que debería existir una prórroga en el calendario de cierre que se pactó en 2019. De esta forma, en vez de que la central nuclear de Almaraz eche su cierre en 2027, todos estiman que esa fecha se debería llevar a 2030. En eso están todos de acuerdo, más o menos. Porque la fricción fiscal supone un problema.
Mientras que Iberdrola y Endesa son intransigentes, Naturgy es más flexible. Es decir, las dos eléctricas asumen que cualquier negociación, para cualquier fecha, debe llevar asociada una reducción de impuestos. La gasista, por su parte, no es tan exigente con este asunto. En todo caso, las tres compañías coinciden en la necesidad estratégica de alargar la vida útil de las centrales.
No obstante, tampoco se conoce mucho más. El calendario de cierre se inicia en 2027 y se prolonga hasta 2035, momento en que Vandellós II y Trillo cesarán su actividad. Esa falta de información se produce, básicamente, porque no existe una negociación formal sobre el asunto y, por tanto, todo circula bajo el radar de los condicionales. Una situación que utiliza el Gobierno para desactivar este debate.
Una guerra de líneas rojas
Impuestos
La piedra angular del debate sobre el futuro de la energía nuclear está en los impuestos. Las empresas estiman que hay una gran carga fiscal, algo que el Gobierno desmiente, y asume que lo contrario sería cargarlo a los consumidores.
Suministro
La nuclear se ha convertido en un garante del suministro para la generación de electricidad. Sobre esto no hay dudas, aunque desde el Ejecutivo se insiste en que no es necesario tener activos siete reactores nucleares. El problema es que nunca se ha consumido tanto sin este respaldo.
Renovables
En toda esta polémica emergen las renovables y su espacio en el mix eléctrico. Desde Transición Ecológica estiman que el encaje de ambas tecnologías no sería beneficioso para las renovables. Por eso surgen tantes reticencias por alargar la vida nuclear.
Gas
Y con todo esto surge el gas natural como tecnología de respaldo, y, en última estancia, un punto de fricción entre las propietarias. Alguna de las dueñas de las nucleares tiene un gran negocio con al gas, y no tiene ninguna prisa por que llegue a su fin o la nuclear siga con su presencia.
Así, el Ministerio para la Transición Ecológica se lanzó en tromba para desmentir unas informaciones periodísticas donde se aseguraba que el Gobierno está abierto a negociar el calendario de cierre. En cierto modo se trata de una certeza. El propio presidente, Pedro Sánchez, ya dijo que el Ejecutivo estaba dispuesto a abordar la situación. Pero hay un condicionante de entrada –tres en realidad– que fija el punto de partida: la situación fiscal no se moverá un centímetro puesto que entienden que eso afectaría a la factura final de los ciudadanos.
¿Afectará a la sociedad?
En este contexto, la situación se resume de manera sencilla. El Gobierno, que es quien marca la agenda energética, quiere que se cumpla el calendario de cierre. Las empresas, por su parte, estiman que por cuestiones técnicas las centrales nucleares deberían permanecer abiertas más tiempo, aunque tampoco precisan con claridad –ni unanimidad– cuánto sería. Todavía en el tejado empresarial, deberían ser las propietarias de los reactores quienes soliciten alargar la vida útil.
En ese punto, el Ejecutivo sostiene que no se cierra a negociar salvo que alguna de las peticiones afecte a los consumidores. Asimismo, las energéticas también tienen una línea roja económica: no se puede seguir con la presión fiscal que existe en estos momentos.
Si todo sigue su curso, en 2027 se producirá el primer cierre. Será la central de Almaraz (Cáceres) si no se llega a un acuerdo
En mitad de esta pelea surgió el apagón del pasado mes de abril. Una situación que ha puesto de manifiesto que, quizá, el sistema eléctrico español no puede soportar un crecimiento tan masivo de las renovables sin que haya tecnologías de respaldo. Siendo la nuclear el mejor aliado.
Todo esto se desarrolla sin que el Gobierno haya presentado los números claros sobre lo que supondría el fin de la energía nuclear en España. Ni a nivel técnico, ni económico. Guste más o menos, el sector nuclear lleva meses exprimiendo diversos informes de la consultora PwC sobre la presión fiscal, lo que supondría en la factura de la luz para los consumidores, etc. Sin embargo, desde Transición Ecológica simplemente se atienen al acuerdo firmado en 2019 sin aportar, justamente, más detalles sobre dicho impacto.
La nuclear en España
En mitad de estas peleas, la energía nuclear sigue cumpliendo su función. Por lo que respecta a los datos de 2024, en ese ejercicio la nuclear se convirtió en la segunda fuente de generación con el 20% de la generación. Es muy significativo debido a que la potencia instalada apenas representa el 5% de la capacidad total que hay en nuestro país.
En cuanto a los tiempos de producción, se trata de la tecnología que más genera con cerca de 8.000 horas. Una situación que, además de no generar CO2, ofrece gran estabilidad al sistema eléctrico español. Algo que se ha demostrado como una gran necesidad tras el gran apagón. Estos datos confirman la fuerza de una tecnología con un futuro incierto.