El presidente de México vuelve a la carga contra Iberdrola: «Los mandamos al carajo»

López Obrador deslizó en su intervención cuatro de sus máximas durante su discurso: el pueblo, la anterior administración, el 'invasor' extranjero y su deseo de implantar una reforma energética que pasa por nacionalizar el sector.

Tras asegurar que «el pueblo está completamente despierto» afirmó que las empresas extranjeras hacían negocios con anteriores gobiernos, en clara referencia a la anterior legislatura de Peña Nieto, que permitió a empresas privadas entrar en la producción de energía.

Uno de los pilares de su conocido plan ideológico, llamado la Cuarta Transformación, pasa porque el Estado Mexicano se encargue de la generación de energía que dicta, también, los precios. Así el político tabasqueño declaró delante de los trabajadores que empresas como Iberdrola tenían «la intención perversa de destruir la CFE (encargada nacional de la energía) debido a que supuestamente producía energía sucia». «Esas empresas recibían subsidio, muchísimo dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo», concluía.

López Obrador pretende perfilarse como el rescatador de la CFE que, según sus palabras, «iba a la quiebra generando cada vez menos energía» por lo que apuesta por la «energía local». La implantación de su ansiada reforma energética se dilata a algo más de dos años de la finalización de su único sexenio por ley y sin la mayoría calificada necesaria para una posible implantación de su ansiada nacionalización, uno de sus proyectos estrella.

El desplome de una mina de carbón con diez mineros dentro a principios de mes en el estado mexicano de Coahuila, al noreste del país, no ayuda debido a que estas prospecciones surten en un 99% del mineral negro a las calderas de la CFE.

La implantación de la nueva ley está en duda, pero lo que es seguro es que los gruesos pronunciamientos contra Iberdrola continuarán. A mediados de julio, López Obrador informó que su administración investigará «a fondo» la resolución de un juez que «salvó» provisionalmente a la empresa española del pago de 9.145 millones de pesos (458 millones de euros), impuesta por la Comisión Reguladora de Energía. Habría supuesto la segunda mayor multa de la historia de México.

Los empresarios españoles consultados por este periódico «aguantan el chaparrón» hasta la finalización del mandato a la espera que se calmen las aguas para poder regresar con más inversiones. Mientras adelantan proyectos sobre plano y la fuga de ingenieros prosigue en busca de latitudes en las que se fomenten nuevos proyectos privados en energías limpias.

El mandatario mexicano ha preferido obviar los más de 2.800 millones de dólares que la factoría bilbaína invierte en generación de energía en el país a lo que se unen 2.000 megavatios adicionales de inversión a los ocho proyectos en construcción desde hace cuatro años.

La empresa española es la mayor generadora privada de energía del país y aporta el 20% de la electricidad que se consume en suelo mesoamericano.