El polémico negocio de las prisiones de la era digital

El negocio boyante de las cárceles

El presidente del Salvador Nayib Bukele ha construido una megacárcel y ha planteado cobrar a las familias de los reos 170 dólares por las comidas, ropa y productos de aseo.

El repertorio es múltiple, desde centenares de compañías alemanas que usan el trabajo de los reclusos españoles para producir a un coste bajo (según reveló Corrective), pasando por la figura lucrativa del consultor de prisiones para los más pudientes, a los servicios digitales de cobro. O las visiones más altruistas de compañías tecnológicas que encuentran en las cárceles semilleros de emprendedores.

Y en plena era digital las fugas son cosa del pasado con una vigilancia que también se practica en España, mientras que las cárceles chinas más punteras con IA y reconocimiento facial son el ojo inquietante del que todo lo ve y que se promocionan como «no duermen, no comen, no parpadean».

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Pero la tecnología no sólo sirve para vigilar, también para mejorar la vida de los presos. El proyecto de 'Smart Prison' o prisión inteligente de Finlandia proporciona a los reclusos dispositivos móviles personales diseñados para integrar servicios digitales psicológicos, educativos y sanitarios para cada celda. Tampoco dejan indiferentes lo que han llamado las cárceles de lujo o jaulas de oro en Noruega por sus numerosas prestaciones. De hecho, el sistema penitenciario noruego ha sido descrito como la utopía de las prisiones.Y es que para los más entendidos, ahora más que nunca, efectivamente 'Orange is the new Black'.

Las prisiones privadas crecen con paso firme y alzas del 30% en bolsa. Ofrecen unos costes, en teoría, más bajos ahorrando un 15% de media por cada preso. Y su beneficio consiste en recibir un pago del gobierno por cada prisionero. Tienen una cuota mínima de ocupación que tiene que ser del 90%. Pero esto ha significado trasladar presos de prisiones públicas a privadas con un coste extra en el proceso o hacer rescates públicos millonarios de estas prisiones.

Su buena racha depende de que se mantenga o aumente la población carcelaria, cosa que ellos mismos reconocen en sus informes públicos. Estas empresas hacen un intenso lobby sobre las autoridades políticas. No en vano, las empresas del sector carcelario se juegan, según sus propias estimaciones, un negocio en potencia de 74.000 millones de dólares. Y su poder es tal que son ellas las que deciden el tiempo que tienen a los presos bajo custodia que luego influye en la decisión judicial final.

Michael Burry, gestor de fondos conocido por haber anticipado la crisis de 2008, es un ejemplo de como los grandes inversores han dado de lado a las tecnológicas, atraídos por las compañías que trabajan en prisiones. Burry ha invertido más de 3 millones en la segunda empresa más importante, la estadounidense Geo Group, valorada en 1.300 millones de euros. Su otra apuesta, y la primera del ranking, es CoreCivic, anteriormente conocida como Corrections Corporation of America (CCA), pionera en este sector desde los ochenta con Ronald Reagan. Su negocio es pujante: ingresó en 2022 un 132% más que en 2021.

Ryan Gustin, director de relaciones públicas de CoreCivic, nos comenta que «su empresa se compromete a brindar un trato compasivo y de alta calidad. Operando instalaciones seguras que brindan educación y programas de reingreso y ofreciendo opciones no residenciales como el monitoreo electrónico».

Otro peso pesado es la británica Serco. Marcus de Ville, portavoz de Serco, explica a ABC que es un proveedor de servicios para gobiernos a nivel internacional. «Operamos en el Reino Unido, Europa continental, América del Norte u Medio Oriente. Los programas que brindamos incluyen educación, lucha contra la adicción y construcción de lazos familiares».

Sin embargo, es un modelo discutido y Javier Nistal Burón, jurista de instituciones penitenciarias, señala antes que nada que la cárcel privada en España es inasumible porque tenemos un modelo rehabilitador. Y Bernardo del Rosal Blasco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, matiza que «que la privatización tiene como máximo objetivo la eficiencia económica». Lo que puede dar lugar a discriminaciones. Y por las denuncias hechas las cárceles privadas pueden generar mayor violencia y fugas porque contratan a personal no cualificado para abaratar costes.

Burón apunta que «es cierto que en algunos aspectos externos a lo que es propiamente la ejecución de la pena, que es lo que yo califico como gestión mixta, pues sí que cabrían fórmulas privadas, por ejemplo, en lo que es la construcción de los centros penitenciarios que aquí lo lleva a cabo Siepsa, una empresa privada con que funciona con capital público. La alimentación de los presos, las actividades de mantenimiento tienen en fórmulas privadas».

Pero nos explica que lo que es específicamente el modelo de cumplimiento de la pena, tal como está concebido en nuestra normativa penitenciaria, especialmente en la Ley Orgánica General Penitenciaria 1.79 de 26 de septiembre y en su reglamento del año 1996 que la desarrolla, no es concebible un modelo privado.

En este especial panorama no es de extrañar que surja la figura del consultor de prisiones, como la de Larry Jay Levin, propietario de Moorpark Survival Store y ex presidente de Pacific Telephone Company. Su compañía ofrece unos servicios que pueden ascender a los 100.000 dólares para los clientes de cuello blanco. Básicamente enseñándoles a sobrevivir en la cárcel. Buscando una prisión a medida, con beneficios y programas que conducen a la reducción de penas.

Un papel que en España, como establece Burón, lo cumplen los juristas de la institución penitenciaria, que se encargan de esas labores de asesoramiento. También el equipo de educadores que hay en los centros penitenciarios, trabajadores sociales e incluso los propios funcionarios de vigilancia.

Sin embargo, una vez dentro, los reos también pueden hallar la luz al final del túnel. En la incubadora tecnológica The Last Mile participan con apoyo financiero y clases magistrales responsables de Linkedin, Google.org o la fundación Chan-Zuckerberg Initiative, del fundador de Facebook. Esta iniciativa pretende impulsar las ideas de negocio y oportunidades de empleo, y algunos de los participantes incluso han conseguido un puesto en empresas por las que la gente se da codazos para entrar. 

Burón destaca que es necesario que el preso esté en constante contacto con las nuevas tecnologías: «El ejemplo perfecto es 'Cadena perpetua', que protagonizan Tim Robbins y Morgan Freeman. Cuando sale uno de los presos que era el responsable de la biblioteca, no es capaz de defenderse en un mundo del que ha estado separado 40 años». De ahí, la iniciativa de que los presos usen la realidad virtual y la IA para aprender habilidades del mundo real y salir airosos de una entrevista de trabajo.

También hay ejemplos como el de Harel Hershtik, encerrado durante 25 años por asesinato en Israel, durante los cuales sacó dos doctorados en matemáticas y química. Hershtik dice haber creado 31 empresas, entre ellas está Scentech Medical es una startup de tecnología aplicada a la medicina valorada en 250 millones de dólares, y quiere crear un aparato para detectar el Covid por el aliento.

Sin embargo, están los que argumentan que los reclusos son una carga que el dinero público no debería asumir y es mejor que las empresas privadas alivien algo de ese peso. A costa incluso de cobrar por servicios a las familias de los reos. Encontramos un caso extremo en El Salvador.

Su presidente Nayib Bukele ha construido una controvertida megacárcel y ha planteado cobrar a las familias de los reos 170 dólares por las comidas, ropa y productos de aseo. . Si se extiende esta idea a otras cárceles del país, el gobierno de Bukele podría ingresar unos 17 millones de dólares al mes, sin embargo no hay transparencia en este tipo de recaudaciones.

Y si no se lo pueden pagar no tendrán acceso a estos servicios. Otro caso controvertido es un proyecto de ley de Massachusetts podría permitir a los presos intercambiar sus órganos por su libertad.

Burón explica que en el caso de las cárceles españolas, excluido las comunidades que tienen transferidas las competencias, que son Cataluña y el País Vasco, para una población reclusa media de unos 46.000 internos supone un gasto diario por interno de 74,7 euros. «En ese coste, lógicamente, se le da al preso todas las prestaciones que requiere estar internado en un centro penitenciario. No se contemplaría un cobro extra. Porque eso generaría diferencias entre el preso rico y el preso pobre», precisa.

Y el catedrático Del Rosal apostilla que cuanto más espacio gane la tecnología y la empresa proporcionando servicios, eso también deja abierta la posibilidad de una mayor intromisión en la vida de los reclusos. Así la empresa JPay de EE.UU. ha instalado una mensajería electrónica como única forma de comunicarse con los familiares. Si bien hoy en día hay empresas que ofrecen este servicio de manera gratuita para el resto de usuarios, en las prisiones JPay cobra una tarifa y da una comisión a las cárceles por cada mensaje enviado. Para algunos es una maquinaria silenciosa y fácil para hacer mucho dinero.

Un paso más allá en el uso de la tecnología lo da China con su idea de prisiones inteligentes que incluye pulseras de rastreo para geolocalizar y monitorear la frecuencia cardíaca del reo yrobots detectores de drogas, Y en la cárcel de Yancheng usan IA y biometría a prueba de fugas y de comportamientos sospechosos. Uno de sus creadores es Tiandy, una de las compañías de vigilancia tecnológica más grandes del mundo, con planes de llevar este modelo a Latinoamérica.

Estas tecnologías también se usan en España. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat ha adjudicado a la empresa Inetum el desarrollo de un sistema basado en la IA que permita predecir y anticiparse a los incidentes que se puedan producir en el interior del Centro Penitenciario Masía Enric.

El debate abierto es: ¿Hasta dónde debemos llegar con esta vigilancia en 360 grados? Cotizando con el crimen entre rejas, algunas empresas han convertido el castigo en algo rentable. Asistimos a una tendencia creciente, y la pregunta sigue siendo: ¿Qué hacemos con las cárceles? ¿Retribución o rehabilitación?