El plan de Cataluña para asumir la campaña de Renta en 2026 no tiene cobertura legal según los inspectores de Hacienda

El anuncio realizado en un acto en Gerona confirma la voluntad firme de la Generalitat de cumplir el compromiso alcanzado entre el PSC y ERC aún a costa de dinamitar el actual sistema de gestión de los impuestos en España. Y este lunes ha recibido la contestación de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que en un comunicado ha advertido de que «los primeros pasos para la financiación singular de Cataluña no tienen cobertura legal», en relación al anuncio realizado el pasado viernes por la Generalitat.

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La asociación, que ha asumido casi en solitario la defensa del actual modelo de Agencia Estatal de Administración Tributaria ante el silencio de las principales autoridades de la Hacienda española sobre el particular y que ya advirtió en octubre en su congreso anual que la asunción de la campaña de Renta sería el primer paso de la estrategia para fraccionar el actual sistema fiscal, advierte en su comunicado que para implantar el concierto catalán al que aspiran los nacionalistas y que el Gobierno parece avalar «se tienen que traspasar a la Agencia Tributaria Catalana los medios humanos, materiales y tecnológicos que tiene actualmente la AEAT en Cataluña. Ello supone el fraccionamiento de la AEAT y su desaparición en ese territorio».

«La financiación singular de Cataluña, con resultado equivalente al cupo del País Vasco y Navarra, es un régimen que no está contemplado en la Constitución ni en sus normas de desarrollo», denuncia el comunicado de la asociación. «Pedimos a las autoridades de la AEAT que mientras no se modifiquen las normas que rigen actualmente nuestro sistema tributario, no se adopte ninguna medida que modifique la situación actual en la prestación de servicios tributarios a los ciudadanos de Cataluña».

En el plan que se han trazado los nacionalistas, la asunción de un mayor protagonismo por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña en las campañas de la renta correspondientes a 2024 y 2025 será un primer paso antes de la gestión total del IRPF en 2026. A partir de ahí, está por ver el éxito que tiene la Generalitat, porque ya hace diez años que los catalanes disponen de un sistema para gestionar sus obligaciones tributarias con el Estado a través de la ATC, y lo cierto es que no convence. Como ya explicó ABC, en la última campaña de Renta solo 13.785 catalanes de los cerca de cuatro millones que hicieron la declaración (un 0,34%) la gestionaron a través de la agencia autonómica.

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A esto se añade el problema de los medios humanos y materiales. Como ya se ha avanzado, el viernes pasado la consejera Romero anunció la contratación de 90 funcionarios más, que llevarán el personal de la ATC hasta los 942 empleados. Esto y la apertura de 36 nuevos puntos de atención ciudadana (llevando el total a los 87) le costará al erario autonómico 1,5 millones de euros, que según explicó la consejera es la mayor inversión de la Generalitat hasta la fecha en materia de recaudación de la Renta.

Sin embargo, si el gobierno de Salvador Illa pretende hacerse cargo de todas las declaraciones de la renta en 2026 y luego de todos los impuestos tendrá que invertir mucho más. Exactamente, y no es un secreto porque ya lo advirtió el propio 'president', necesitará cuadriplicar sus recursos para pasar de los 92 millones de euros de presupuesto y 852 empleados que tenía en 2023 (ahora, 942) a 370 millones y 3.400 empleados respectivamente. Precisamente, la cifra de personal estimado coincide con el que la AEAT tiene en Cataluña, lo que acrecienta los temores de los inspectores sobre las intenciones de 'trasvase' que pueda tener el gobierno autonómico. En previsión de esto, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y el sindicato de técnicos de Hacienda ya han avisado varias veces de que la mayoría de los 3.8000 trabajadores de la AEAT en Cataluña no desearían pasar a la administración autonómica.