La patronal de las grandes constructoras denuncia la «falta de rigor» de la CNMC tras su histórica multa a seis empresas

En opinión del sector, la sanción «prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia, incurre en error al valorar equivocadamente las conductas investigadas como prácticas colusorias». Las constructoras recuerdan además que en su expediente, la CNMC rechaza que las empresas multadas crearan un cártel porque sus actuaciones no supusieron una «colusión de las típicamente sancionadas por las autoridades de competencia».

Competencia ha multado a estas empresas por crear un grupo de trabajo para compartir información técnica y estratégica relacionada con la presentación a los concurso públicos. Los implicados son Acciona (multada con 29,4 millones), Dragados, filial de ACS, (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

«En ningún momento del expediente se manifiesta que hubiera un reparto del mercado de licitaciones ni que haya existido una ventaja determinante de la adjudicación. Es más, las empresas involucradas han presentado estudios en los que se demuestra con rotundidad que el hecho de compartir estos documentos técnicos no ha mejorado, ni empeorado, las posibilidades de ser adjudicatario de las empresas sancionadas«, responde la organización dirigida por Julián Núñez. En opinión de la patronal, compartir estos documentos supone una »práctica de reducción de costes en la preparación de licitaciones que es lícita, normal y eficiente«.

La organización asegura incluso que esta reducción de costes «ha beneficiado de forma lícita a miles de licitaciones» y explica que ningua de estas ofertas conjunta ha sido «rechazada, objetada o de alguna forma considerada irregular por alguna de las Administraciones involucradas«. La resolución de la CNMC acabará en los tribunales, ya que empresas como ACS y Ferrovial ya han anunciado que la llevarán a la Audiencia Nacional.

Tal y como ha publicado este periódico, el grupo de trabajo creado por estas empresas de infraestructuras se reunía semanalmente en encuentros celebrados en las sedes de estas empresas y dónde decidían en qué trabajos iban a compartir documentos técnicos. La investigación de la CNMC demuestra que este grupo de trabajo, que no pujaba por contratos inferiores a un millón de euros, se mantuvo durante 25 años y distorsionó miles de contratos públicos.

La resolución de Competencia establece que estas prácticas se terminaron en 2017, cuando varias empresas decidieron abandonar el grupo por sospechar que podría ser contrario a las normas de competencia.