Los nuevos permisos reabren la brecha entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo

La ministra de Trabajo anunciaba ayer estas iniciativas sin haberlas llevado previamente al diálogo social, provocando una primera reacción que se movió entre la contrariedad de los empresarios y el aval de los sindicatos. Aunque la respuesta más cercana, dentro del propio Gobierno, fue la del titular de Economía, Carlos Cuerpo, quien pidió «equilibrio» con las empresas a la hora de implantarla «de la mano» de todos los negocios.

Se repite el esquema que viene imperando en las relaciones entre Economía y Trabajo casi desde el inicio de la legislatura. A un anuncio llamativo de Yolanda Díaz le sigue cierta contención por parte de Carlos Cuerpo. Para que después, en el trámite normativo, Economía incluya objeciones al texto propuesto por Trabajo. Y siempre con la última palabra del ministro económico, que es quien decide qué temas económicos van a Consejo de Ministros a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el órgano que sirve de control para dar el salto a La Moncloa.

Así ocurrió con la reducción de jornada, en medio de cuya tramitación interna, a principios de año, Cuerpo pidió «acompañar» a los empresarios para llegar a las 37,5 horas, con medidas de apoyo y ayudas que se habían quedado fuera del decreto acordado entre Trabajo y los sindicatos. Después de un mes de enero repleto de fricciones entre ambos ministros, reuniones urgentes y la mediación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las aguas acabaron aparentemente calmadas en aquel momento.

Desde que el Congreso tumbó la ley de las 37,5 horas, la ministra de Trabajo ha ido extendiendo todo tipo de iniciativas en lo que ella misma ya ya consideró como una «ofensiva» en términos normativos con propuestas ya conocidas –registro horario, reforma del despido– y otras que ha ido incorporando estas semanas. Díaz sostiene que uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables. «Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido. Ningún padre o madre puede trabajar como si nada cuando su hija está en paliativos», apuntó ayer al realizar su anuncio precisamente rodeada de parte de empresarios y sindicatos.

La intención de Trabajo es que el Ejecutivo lance un Real Decreto Ley que permita ampliar los permisos. «El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista», insistió la ministra. Al tratarse de esta fórmula legal necesitará pasar por el aval del Congreso de los Diputados, una vez sea tratado en el correspondiente Consejo de Ministros. Aunque no parece una cuestión que suscite rechazo parlamentario, tal y como apuntan algunas fuentes gubernamentales consultadas por ABC.

La puesta en marcha de estos permisos no supone un impacto en las cuentas públicas, habida cuenta de que no se trata de una prestación que deba abonar la Seguridad Social, como sí ocurre con el de maternidad y otros similares. Será la propia estructura organizativa de las empresas y el cambio en los convenios colectivos lo que deberá asumir la patronal cuando se pongan en marcha. De ahí las críticas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a lo que considera que es otra «ocurrencia» de Yolanda Díaz.

El presidente de la CEOE insiste en que «parece que le viene bien para su carrera electoral». «No sabemos nada, ya nos enteraremos ahora de las cosas», lamentó por haber realizado este anuncio sin haber consultado antes la mera intención de aplicar estas dos medidas en los órganos habituales del diálogo social, con encuentros constantes con el Ministerio.

A la espera de la mesa que trate esta negociación, Díaz ya anticipó ayer que no se puede tachar de «absentismo» este tipo de permisos laborales, en referencia a las quejas de los empresarios por el problema de la incapacidad temporal y su impacto económico.

La postura de los sindicatos es mucho más favorable a los anuncio. La UGT saludaba la propuesta recordando que esa idea de nuevos permisos ya había sido demandada por la organización cuyo secretario general es Pepe Álvarez. Constituye, a su parecer, «un avance necesario en la protección de los derechos laborales y en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». El sindicato insiste en que su justificación «no es solo social o familiar», sino también desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y la salud mental de las personas trabajadoras, pues «el duelo requiere un tiempo de recuperación emocional y personal adecuado».

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, indicó que España está «a la cola de la protección de este derecho, con un permiso extremadamente corto», y con muchos trabajadores que tenían que cogerse la baja porque no estaban en condiciones de ir a su empleo tras la pérdida de un ser querido. Por ello, el líder sindical calificó la medida de «buena noticia», aunque aclaró que le «hubiera gustado que el acuerdo se hubiera producido en el marco del diálogo social».