Muface protesta ante Page por la exclusión de sus mutualistas de la rebaja de IRPF a los residentes en zonas despobladas
El gestor de la asistencia sanitaria a los funcionarios civiles del Estado se dirige al Gobierno de Castilla-La Mancha ante la escalada de quejas de sus asociados por no poder aplicarse el incentivo
El ejecutivo manchego exige a los empleados públicos que quieran aplicarse esta ayuda fiscal que se den de alta en la sanidad pública
Page exige a miles de funcionarios pasarse a la sanidad pública para optar a un IRPF más bajo
Muface, el organismo encargado de gestionar la asistencia sanitaria y parte de la protección social de más de 1,5 millones de funcionarios civiles del Estado y familiares, ha pedido explicaciones al Gobierno de Castilla-La Mancha por la exclusión de sus mutualistas del ... radio de acción de la potente rebaja fiscal reconocida en el tramo autonómico del IRPF para los residentes en poblaciones en riesgo de despoblación.
El ejecutivo manchego ha decidido asociar de forma explícita el acceso a ese incentivo a la tenencia de una tarjeta sanitaria del servicio manchego de salud (Sescam), lo que ha dejado fuera a miles de empleados públicos residentes en la región que reciben su asistencia sanitaria a través de algunas de las mutualidades que operan en el ámbito de lo público, como Muface, Isfas (militares) o Mugeju (Administración de Justicia). Según los datos que manejan las mutualidades el universo de potenciales afectados son más de 70.000, aunque es evidente que no todos residen en los municipios calificados como en riesgo de despoblación.
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La acumulación de quejas de mutualistas por no poder acogerse a este incentivo, que según la normativa manchega permite desgravarse entre un 10% y un 25% de la factura fiscal en función del número de habitantes de la localidad y de la intensidad del riesgo de despoblación calificado por el gobierno regional, han llevado a Muface a pedir explicaciones al Gobierno castellano manchego por la exclusión de sus mutualistas en el acceso a este incentivo fiscal.
Fuentes al tanto de la polémica aseguran que la respuesta del ejecutivo castellano manchego niega la existencia de ningún tipo de discriminación, ya que los empleados públicos acogidos a la protección de Muface tiene la libre opción de acogerse a la protección de la sanidad pública y de esta manera tener acceso así al incentivo fiscal.
El perjuicio de no aplicarse el incentivo fiscal no es menor y ronda de media los 1.000 euros según las fuentes consultadas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó a mediados de 2021 un beneficio fiscal a los residentes en localidades con riesgo moderado, intenso o grave de despoblación en una maniobra que calificó como «pionera», ya que según la autoridad fiscal manchega utilizaba por primera vez el instrumento fiscal para luchar contra el riesgo de despoblación.
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