Un tercio de los autónomos acaban ya en concurso de acreedores y se enfrentan a un 2023 negro

Porque los avisos fueron continuados. La moratoria concursal aprobada por el Gobierno al principio de la pandemia estaba conteniendo el número de empresas en crisis que no podían hacer frente a sus pagos. Un efecto que además agravaba la situación financiera de otras compañías al no poder pedir en los tribunales la situación de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) para sus deudores. Pero el 30 de junio, la norma caducó y destapó la realidad: 2022 acabará con alrededor de un 20% más de concursalidad respecto al año pasado, según el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas de España.

De confirmarse este dato se trataría de la mayor cifra de concurso de acreedores desde 2013 (peor año económico de la anterior crisis), y se alcanzarían alrededor de 8.500 concursos. La extensión de la pandemia en el primer semestre, la guerra de Ucrania, la escalada de precios y las dificultades de las empresas para financiarse son algunos de los factores que han empujado esta tesitura. Pero como señalan los economistas del Refor, ha sido el fin de la moratoria concursal el que verdaderamente ha disparado las suspensiones de pagos.

Tan solo en verano los concursos crecieron un 30% respecto al de 2021,. Un dato que vino también empujado por el crecimiento de los concursos exprés, empresas sin masa que van directamente a la liquidación. Los economistas ya prevén que España cierre el año como el país donde más han crecido estos procesos desde 2019.

Esta nueva ola de quiebras podría cebarse especialmente con los trabajadores autónomos. Aunque los economistas no disponen de datos disgregados para este año, la tendencia de 2021 mostraba las dificultades patrimoniales que estaban sufriendo los trabajadores por cuenta propia. El año pasado un tercio de los 7.062 concursos vinieron por parte de este colectivo, aunque siguen siendo las micropymes las que más entran en situación de crisis (40% del total). En 2021, Cataluña siguió a la cabeza de las insolvencias al sumar 2.446, el doble que Madrid (1.259) y el cuádruple que Andalucía (609)

Así las cosas, el año pasado quebraron 13 decada 10.000 empresas en España, muy por debajo de la media europea (47 de cada 10.000). ¿La razón? Probablemente la estigmatización que ha tenido siempre el proceso concursal entre las empresas. Algo que se pondrá a prueba con la reforma concursal aprobada en verano.

La previsión de los economistas es que la nueva ley concursal disperse el número de solicitudes de concurso porque promueve herramientas como los planes de reestructuación, pero no evitará que sigan creciendo. Para el presidente del Consejo General de los Economistas de España, Valentín Pich, este mecanismo será fundamental «para tratar de reflotar empresas y evitar que terminen en liquidación». Pero a pesar de su introducción, el Refor prevé que en 2023 los concursos puedan dispararse un 11% respecto a este año y superar los 9.000 procesos.

Este crecimiento dependerá en gran medida de la evolución macroeconómica. El Refor señala hasta cinco amenazas: la marcha de la inflación «que estará puesta en dificutad por las complejidades en los mercados internacionales tanto de materias primas como de bienes intermedios, así como la actualización de las rentas al IPC; la restricción crediticia y el encarecimiento de la financiación; el crecimiento del empleo temporal; el alza de los costes fiscales y laborales y el retraso en las ejecuciones de los fondos europeos.

Por ello, para el economista Javier Santa Cruz, que ha colaborado en el Atlas, «la economía española se encuentra en un momento trascendental por el desafío de corto plazo de gestionar un parón en el crecimiento y un aumento de los concursos de una manera generalizada, así como por el comienzo de devolución de los créditos avalados por el ICO, lo que constituye una fuente de problemas que es necesario tener en cuenta por todo lo que ello supone».