El Ministerio de Economía ratifica las sanciones a la antigua cúpula de CCM

CCM fue intervenida en marzo de 2009 por el Banco de España para garantizar su gestión de futuro. En julio de ese mismo año, el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez presentó un pliego de cargos contra los administradores de la entidad, tras apreciar una "clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos para el control interno de las actuaciones inversoras, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración" .

Fruto de esa investigación, el supervisor bancario formuló una propuesta de sanción contra Moltó y otros administradores de la caja, que remitió al Ministerio de Economía para su aprobación.

Entre los directivos para los que el Banco de España solicitaba una sanción, además de las de Hernández Moltó y Ortega, se encontraban el ex vicepresidente de la entidad Federico Rodríguez Morata; el representante de los trabajadores, Carlos Jiménez (UGT); Tomás Martín Peñato, que fue anteriormente presidente de CCM; el alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo (PSOE); Emilio Sanz, uno de los consejeros propuestos por el PP y que abandonó la caja cuando se lo pidió su formación política; y la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero (PP). El banco de España había solicitado sanciones que oscilan entre los 100.000 y los 20.000 euros, hasta sumar un total de más de un millón de euros, para estos directivos.

Tras conocer esta sanción, los ex consejeros de CCM han asegurado estar “muy cabreados” con la decisión del Ministerio de Economía y sentirse como “chivos expiatorios”, por lo que han anunciado que recurrirán la resolución ante la Audiencia Nacional , informa Efe.

Los afectados -que aún no han recibido la comunicación del ministerio- han tachado de "muy injusto" que el equipo directivo de la entidad "se vaya de rositas" y se cargue toda la culpa en ellos, y se han mostrado muy molestos por haberse enterado a través de los medios de comunicación y "por segunda vez" de las sanciones.

Los consejeros afectados entienden que, en todo caso, se les puede reprochar no haber "verificado" que se cumplieran los mandatos del Banco de España después de la inspección que hizo en 2008 el supervisor y han insistido en que no estaban en el día a día de lo que ocurría en la entidad, puesto que sólo celebraban reuniones una vez al mes.