El enigma sin resolver de los impuestos que Amazon paga en España

Según datos del ejercicio de 2022, el último cuyas cuentas se pueden consultar en el Registro Mercantil, las dos sociedades de mayor tamaño que la corporación estadounidense tiene domiciliadas en el país, la que gestiona los servicios de transporte y la que se encarga del almacenamiento y distribución de los ya icónicos paquetes de la firma, sumaron una facturación conjunta de más de 1.700 millones de euros, que dio lugar al pago de 28 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades. Si se suma la factura fiscal de las otras dos sociedades de Amazon con sede en España la cifra se acerca a los 35 millones de euros.

Ambas cifras, no obstante, solo son capaces de aproximar la cuantía total de lo que el gigante estadounidense paga en España en concepto de Impuesto de Sociedades, porque el negocio de Amazon en el país va más allá del que se gestiona a través de las sociedades que tiene domiciliadas en España. Todo el volumen de compraventas que se realizan a través de la tienda de Amazon y de los servicios digitales de almacenamiento en la nube que presta la compañía a diferentes empresas se opera desde sociedades localizadas en Luxemburgo con sucursales en España.

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Estas sociedades, Amazon EU SARL y Amazon Web Services EMEA, que explican la parte del león de la milmillonaria facturación que la compañía realiza en España, que en 2023 ascendió a 7.100 millones de euros según la información recientemente proporcionada por la compañía, también tributan ante la Hacienda española por el negocio generado en el país pero realizan un reporte consolidado de su tributación en toda Europa lo que hace imposible conocer qué parte de esa cuantía se ha abonado aquí.

En un contexto global en el que la presión de las autoridades y el impulso de la OCDE han conseguido que muchas de las principales multinacionales del planeta hayan accedido a transparentar la factura fiscal que abonan en cada país en el que operan, a través de los llamados informes país por país (CbC, según sus siglas en inglés), Amazon aún se resiste a dar esa información. En 2022 un grupo de proxys, una especie de consultoras que ofrecen recomendaciones para orientar el voto de los accionistas en las juntas de las compañías cotizadas, maniobró para tratar de forzar a los directivos de Amazon a aceptar el estándar de reporte fiscal de la OCDE (GRI) y dar visibilidad a esa información, bajo el argumento de la aparición de informes internacionales que la señalaban como la multinacional con peor conducta fiscal de entre las grandes tecnológicas, pero no consiguió que la compañía diera el paso.

Amazon ha decidido solventar la papeleta desde hace unos años con lo que ha dado en llamar su 'contribución fiscal' a la Hacienda española, un concepto que agrega por aluvión en una misma cifra tanto los impuestos directos e indirectos que la firma paga en España como los que recauda para la Hacienda Pública en forma de IVA, retenciones de IRPF de sus trabajadores o para la Seguridad Social, en forma de cotizaciones.

El resultado de este ejercicio, según la información proporcionada esta misma semana por la sucursal española del gigante con sede en Seattle, arroja que la compañía gestionó 1.160 millones de euros en impuestos en España. De ellos, 370 millones de euros se asocian a la cuenta de los impuestos directos, donde figuraría los pagos por Impuesto de Sociedades, por la llamada tasa Google, que según una información publicada en su día por La Información apenas la supusieron 20 millones de euros entre 2021 y 2022; otros impuestos pagados por la adquisición o construcción de terrenos; pero que incluye también las retenciones aplicadas sobre las nóminas de sus trabajadores y las cotizaciones sociales pagadas, que en sus dos principales sociedades española supusieron 153 millones de euros en 2022, cuando Amazon aún estaba lejos de alcanzar la plantilla de 25.000 trabajadores de la que presume ahora. La cifra también engloba los impuestos pagados en España por la operativa en las sucursales en España de las dos sociedades domiciliadas en Luxemburgo, a través de las que se canaliza la mayor parte del negocio de Amazon en España.

Los 790 millones de euros restantes de esa contribución fiscal corresponden a impuestos indirectos. «Se trata de impuestos que recaudamos y remitimos de nuestros clientes, empleados y terceros (básicamente IVA) por nuestra actividad comercial en España», explica la compañía, para la que estas cargas fiscales no engrosan su factura fiscal en sentido estricto ya que luego se los pueden descontar en sus declaraciones fiscales y solo actúa como 'recaudador'.

Uno de los flancos que mayor controversia causa en torno al rendimiento fiscal de la operativa de Amazon en España es la distancia sideral entre la gigantescas cifras de facturación que el gigante tecnológico está alcanzando en el país, que como ya se ha recordado superó los 7.000 millones de euros en 2023, y un pago de impuestos que en apariencia no se corresponde con esa generación de actividad y que en las sociedades en que se puede consultar se sitúa en torno al 5% de su facturación.

La compañía explica esa aparente discrepancia, que omite un elemento tan crítico como que las empresas pagan impuestos por sus beneficios y no por lo que facturan, por tratarse de «un negocio en crecimiento con un gran volumen de ventas, pero, como ocurre con los negocios minoristas, con unos beneficios de explotación relativamente bajos debido a la presión de los precios en un mercado muy competitivo, a las intensas inversiones de capital y a los crecientes costes de explotación«. Fuentes de la compañía aseguran que sus niveles de beneficios están en línea con los del resto del sector del retail.

«A medida que continuamos invirtiendo en nuestras operaciones y en nuestros empleados, ayudamos a financiar servicios públicos e infraestructura en todo el país«, explican desde la multinacional. «Por esta razón, no nos centramos solo en un aspecto de la contribución fiscal, como el Impuesto sobre Sociedades, sino que también analizamos los impuestos que administramos y recaudamos en nombre de la Agencia Tributaria como resultado de nuestras actividades en España».