La Justicia de EE.UU. autoriza la ejecución en su territorio de un laudo contra España y abre la puerta a exigir embargos
El fallo permite por primera vez que una compañía afectada por los impagos de arbitrajes de las renovables puede activar procedimientos para recuperar ese dinero a través de embargos
Un tribunal federal ya había decretado el pasado agosto que tenía jurisdicción para ello
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El lento de goteo de resoluciones judiciales de tribunales federales de los Estados Unidos contra los intereses del Reino de España en el espinoso asunto de los impagos de laudos arbitrales por las renovables acaba de dar un salto cualitativo. Un tribunal federal de ... Estados Unidos ha autorizado a instancias de la empresa japonesa JGC Corporation la ejecución en territorio estadounidense de un laudo arbitral contra España, lo que, según las fuentes de los demandantes consultadas por ABC, abre la puerta a que la firma afectada pueda iniciar procedimientos para la recuperación del dinero pendiente de pago a través del embargo de activos comerciales.
Las empresas y fondos de inversión afectados por los impagos de España tienen localizados a lo largo de todo el mundo activos por un valor aproximado de 5.000 millones de dólares, susceptibles de ser embargados para hacer cumplir las obligaciones que está esquivando España, en parte protegida por la normativa europea que impide que empresas radicadas en territorio de la UE acudan a cortes arbitrales para resolver sus cuitas con otros estados de la UE.
La resolución judicial era previsible después de que el pasado mes de agosto otro tribunal federal hubiera declarado la jurisdicción de Estados Unidos para hacer cumplir los laudos de las renovables, paso previo a poder decretar la ejecución de esos laudos.
Según las fuentes consultadas, la sentencia que se acaba de emitir «rechaza los argumentos del Gobierno de España, que alegaba la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la UE». El tribunal, por el contrario, entiende que el laudo fruto del arbitraje debe ser reconocido y ejecutivo del mismo modo que si fuera una sentencia emitida por la justicia estadounidense, en vigor de los compromisos internacionales asumido por los países firmantes del Convenio CIADI.
El caso se origina tras una serie de cambios en el sector energético español que, según un laudo dictado por el CIADI, violaban las condiciones de seguridad jurídica a las que se sujetó España al firmar la Carta de la Energía. La decisión otorgó a la firma japonesa el derecho a recibir una compensación de 23,51 millones de euros, además de los intereses de demora y el reembolso de los costos legales del proceso.
En concreto, el arbitraje surge por la inversión de JGC Corporation en dos plantas de energía solar ubicadas en Andalucía realizada bajo la promesa de un régimen de primas que luego fue modificado de forma retroactiva por el gobierno español. La producción arrancó en 2015 y llegó a su fin en 2021 y la negativa del Gobierno a pagar llevó a los afectados a acudir a un arbitraje internacional, donde se determinó que España había incumplido sus obligaciones de brindar un trato justo y equitativo a las inversiones extranjeras.
La sentencia, ahora, tumba la petición de España de detener este tipo de denuncias alegando que la justicia estadounidense debería quedarse al margen de estas cuestiones y refuerza la capacidad de los inversores a hacer valer sus derechos en suelo estadounidense. Además, abre la puerta a procedimientos similares que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido.
En este sentido, además del caso que afecta a la firma japonesa, hay otros 25 laudos que condenan a nuestro país y que siguen pendientes de pago. En total, las obligaciones ascienden a 1.562 millones en concepto de indemnizaciones y otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas. Los afectados por el cambio en regulación entre 2010 y 2014 reclaman al Ejecutivo actual una salida negociada permita reactivar la inversión 'verde'.
Las fuentes consultadas apuntan que ha sido la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha tomado la decisión de no pagar los laudos «cuyas decisiones firmes y vinculantes obligan a España a resarcir a las empresas que sufrieron un deplorable trato por parte del Estado español y vieron cómo se esfumaba parte importante de la rentabilidad asociada a numerosos proyectos de energía renovable valorados en 70.000 millones». La actitud de Ribera hacia los afectados, señalan, «ha sido muy decepcionante y cuestiona su capacidad como posible comisaria europea, no solamente por su trato hacia estas empresas pioneras de la transición ecológica, sino también por el posible conflicto de intereses que se deriva de la situación de su marido, Mariano Bacigalupo, en la CNMV».
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