El juez propone juzgar a Francisco González, al BBVA y a Villarejo por los presuntos encargos ilegales al comisario
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número procesa al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, el ex-CEO del banco Ángel Cano y el exdirector de Riesgos Antonio Béjar
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El expresidente del BBVA Francisco González
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad y a varios excargos de la entidad por los presuntos encargos ilegales que presuntamente realizó el ... policía para el banco cuando estaba en activo.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que comenzó en 2018 y procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, el ex-CEO del banco Ángel Cano Y el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.
En su resolución, el juez procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, al ex-CEO del banco Ángel Cano y al exdirector de Riesgos Antonio Béjar por supuestos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; el actual responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García y al empleado de la entidad Óscar Santos.
Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo; al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.
En su auto, el magistrado hace suya la «prolija exposición» realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que solicitó que concluyese la instrucción. El juez, en concreto, elogia el «impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida como consecuencia de la actividad instructora practicada en el marco de las presentes diligencias previas».
La contratación con Villarejo
El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fue comisario Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía, entre los que se encontraban Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
«El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías», apunta.
El fiscal afirma que eso permitía a Villarejo, «entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuviesen acceso».
«Conociendo Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, Villarejo, a través del denominado Grupo CENYT -la empresa de Villarejo-, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal 'anómalo e ilegal' recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo», añade Anticorrupción.
El papel de Francisco González
La Fiscalía añade que el propio González, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo».
Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos «no puede calificarse de idóneo» porque «claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección».
«Respecto del resto de personal, directivos y empleados, el sistema se diseña formalmente para que los mismos sean conscientes de las normas y de la obligación de respeto a las mismas, así como estableciendo la forma de actuar ante posibles incumplimientos, siempre que los mismos provengan de tal ámbito de dirección o empleados», detalla el escrito.
El mismo da detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero de los mismos, según la Fiscalía, el comisario jubilado trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario 'Proyecto Trampa'.
El escrito también recoge el 'Proyecto Summer-Fish' -la investigación sobre el «patrimonio oculto» del empresario Fernando Martín-, el 'Proyecto Summer-Gate' -sobre el patrimonio del empresario Luis Portillo-, el 'Proyecto King-Prasa', el encargo 'Templar' o el encargo 'Duke'.
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