ajuste de cuentas
No es la ley, sino el debate
Un país que no discute ni aprueba sus Presupuestos es un país que no decide ni sabe hacia dónde va
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España se ha habituado a convivir con una anomalía democrática que pasa casi inadvertida: un Gobierno que, durante toda la legislatura, no ha presentado ni un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). La Constitución no lo plantea como una cortesía, sino como una ... obligación. El artículo 134 es taxativo: las cuentas deben discutirse y aprobarse cada año. Saltarse ese trámite significa renunciar al único momento en el que la política se ve forzada a retratarse, a ordenar prioridades y a establecer compromisos entre intereses que, en la vida real, son incompatibles.
Un Presupuesto no es solo un ejercicio contable. Es la expresión en cifras de una conversación colectiva: cuántos recursos vamos a dedicar a la sanidad, la prevención de incendios o a la defensa, qué parte del gasto se llevará la educación o la transición energética, de dónde se recortará para reforzar la inversión en infraestructuras o en ciencia, qué necesidades nuevas se han detectado con el cambio social y donde estamos tirando el dinero. La negociación presupuestaria es el espacio en el que la política cumple su función más noble: arbitrar entre demandas legítimas que compiten por un recurso escaso, el dinero de los contribuyentes.
Hoy no hace tanta falta el dinero como el debate democrático. El Gobierno ha demostrado fehacientemente que cuenta con las herramientas y atajos suficientes para seguir gastando sin tener que aprobar unos PGE cada año. Sería un gran trabajo que un constitucionalista o administrativista documentara cómo es que hemos llegado a vulnerar de esta manera el espíritu de las leyes. Pero lo que realmente hace falta es esa conversación colectiva. Cuando ese debate desaparece, el vacío se llena de lamentos dispersos, nunca de decisiones. Basta observar lo que sucede con los incendios forestales. Con unos Presupuestos prorrogados, no hay espacio para discutir ni para reasignar recursos. Lo urgente tapa lo importante.
Este inmovilismo se reproduce también en las comunidades autónomas. En 2025, siete gobiernos regionales se limitaron a prorrogar sus cuentas, mientras diez sí aprobaron presupuestos nuevos. La foto general es la de un país que prefiere la inercia a la política, como si vivir con el piloto automático resultara más cómodo que afrontar la discusión de fondo.
La paradoja es evidente: mientras los discursos oficiales se llenan de grandes pactos -contra la emergencia climática, por la vivienda, por la reindustrialización-, la ausencia de Presupuestos desactiva el único mecanismo que puede convertir esas proclamas en políticas efectivas: la asignación de dinero público, negro sobre blanco, en las cuentas del Estado.
Un país que no debate ni aprueba sus Presupuestos es un país que no decide hacia dónde va. Es un país que sobrevive con inercias y parches, esperando a que la próxima crisis vuelva a recordarle que no basta con proclamar prioridades: hay que financiarlas. jmuller@abc.es