Ajuste de cuentas
La lista de leales
Trump ha creado un sistema de ranking para medir la lealtad de las empresas. Aquí lo hacemos con Hacienda
Reciclar el oligopolio del reciclado (13/8/25)
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Iniciar sesiónLa existencia en la Casa Blanca de un ranking de lealtad empresarial hacia la Administración Trump, según ha revelado Axios, es un escándalo en un país democrático. Esta base de datos clasifica a más de 500 empresas según su grado de apoyo a la 'One ... Big Beautiful Bill'. El criterio de valoración no es ni su solvencia económica ni su capacidad de innovación, sino el entusiasmo con el que han defendido la agenda del presidente: comunicados, mensajes en redes sociales, participación en eventos oficiales, anuncios, declaraciones de directivos. Todo suma o resta puntos.
A primera vista, podría parecer una extensión natural del cabildeo. Pero esta herramienta no busca monitorizar el comportamiento corporativo: sirve para condicionar el trato futuro que recibirán las empresas por parte del Gobierno federal. Quién estuvo, quién calló, quién se puso de perfil. La política convertida en mercado de adhesiones.
El paralelismo con el sistema de 'crédito social' impulsado en China es inevitable. En aquel caso, el objetivo es moldear el comportamiento de los ciudadanos mediante incentivos y penalizaciones asociados a su puntuación digital. En Estados Unidos, el foco se traslada a las empresas, pero la lógica subyacente es la misma: premiar la conformidad, castigar la disidencia. Es una forma de disciplina blanda, pero no por ello menos eficaz.
De hecho, hay señales preocupantes de una deriva estructural hacia modelos de capitalismo bajo tutela estatal. La reciente autorización para vender chips H20 a China a cambio de una participación directa del Gobierno en los beneficios es una muestra clara de esta evolución. Washington empieza a imitar prácticas que antes denunciaba en otros regímenes.
Lo más inquietante es que este tipo de dinámicas se han ido normalizando también en democracias liberales. En España, sin ir más lejos, la Agencia Tributaria publica anualmente una lista de morosos con Hacienda, una medida introducida en 2015 por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, bajo un Gobierno del Partido Popular. La intención declarada es disuasoria, pero el efecto real es el escarnio público. La inclusión en la lista funciona como un 'social scoring' institucionalizado.
En todos estos casos, el poder adopta las lógicas del algoritmo para ampliar su capacidad de control. Se construyen indicadores, rankings, clasificaciones. Y con ello se produce una realidad: empresas leales, tibias, críticas. Frente a este panorama, la defensa de una esfera pública plural se vuelve más urgente que nunca. Las democracias no pueden permitirse normalizar herramientas que convierten la adhesión en mérito y la crítica en pasivo reputacional. Porque hoy se mide el entusiasmo ante una ley fiscal, pero mañana podría ser ante una decisión judicial, una política exterior o una crisis social. El verdadero test de una democracia no es cuánto premia a quienes aplauden, sino cómo protege a quienes disienten. jmuller@abc.es
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