Los inversores internacionales se revuelven contra España por los impagos a las renovables

Se refiere a inversiones que acudieron a España en 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo jugosas subvenciones a la construcción de sistemas fotovoltaicos. Empresas alemanas como RWE, Eon, Steag y BayWa acudieron a la llamada. Posteriormente, en noviembre de 2011, fue decretado un recorte del 30% de las primas pagadas a los productores de energía solar con el objetivo de ahorrar 2.200 millones de euros en tres años. A este siguieron otros y los inversores internacionales presentaron más de 50 procedimientos ante tribunales de arbitraje como el CIADI, una institución del Banco Mundial. En total, las reclamaciones a las empresas internacionales dictaminadas contra España por la reducción de las subvenciones fotovoltaicas ascienden a más de 10.000 millones de euros.

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«El requisito previo para la transición energética son las enormes inversiones que sólo son posibles con la ayuda del capital privado. Pero los inversores necesitan seguridad en la planificación y eso es exactamente lo que España no ha garantizado», comenta la corresponsal de Handelsblatt en Madrid, Sandra Louven. «Cuando quedó claro que España había calculado mal su financiación, Madrid la cortó. Y no solo para las nuevas plantas, sino también para las existentes«. Louven es tajante en su juicio sobre las consecuencias de esta decisión, más allá de las dictadas por los arbitrajes: daña la reputación de España como un lugar seguro para la inversión«.

Los inversores internacionales llevan una década esperando las compensaciones y ya están perdiendo la paciencia. El primer varapalo a España por esta inconsecuente política llegó en 2015, año en que ya se celebraban procesos de arbitraje a puerta cerrada en hoteles de Estocolmo, París, Ginebra y Nueva York. Un conjunto de15 empresas internacionales que habían invertido en energía solar en España se acogieron a la Carta de la Energía de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Creado en 1991 para fomentar la inversión en el antiguo bloque soviético, el documento tenía como objetivo proporcionar garantías a los inversores.

A ellas se sumaron rápidamente otros fondos soberanos como el de Abu Dhabi, un fondo de pensiones de la administración pública canadiense y también municipios alemanes afectados. Las empresas españolas acudieron mayoritariamente ante el Tribunal supremo, excepto algunas como Abengoa e Isolux, que presentaron demandas internacionales argumentando que sus plantas de energía solar pertenecían a filiales en los Países Bajos y Luxemburgo. Todas estas demandas fueron cursadas ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), la Cámara de Comercio de Estocolmo y la CNUDMI. Todas ellas han ido dando la razón a los inversores.

España intentó primero sin éxito llevar los casos ante un tribunal europeo e implicar a la Comisión Europea como parte interesada, con la esperanza de ejercer influencia política. Cuando el CNUDMI se declaró competente, sin embargo, a la estrategia esapañola solo le restó centrarse en retrasar el proceso, argumentando que los recortes habían sido aprobados por parlamentos elegidos democráticamente y que los españoles se habían visto afectados tanto como los inversores extranjeros. Las empresas extranjeras han argumentado por su parte que España ha violado el principio de trato justo e igualitario. Madríd logró temporalemente detener el arbitraje iniciado por el brazo de inversión inmobiliaria de Deutsche Bank, RREEF, pero los arbitrajes han ido pronunciándose después mayoritariamente contra el gobierno de España.

Cuando terminó la instalación de Andasol, Granada, en 2008, era la planta de energía solar más grande del mundo y sus paneles se extendían sobre un terreno suficiente para cubrir 70 campos de fútbol. La planta de 51 hectáreas, desde el inicio de las operaciones, ha aportado más de 2.000 gigavatios hora (GWh) a la red, lo que equivale al consumo anual de más de 600.000 hogares españoles, y ha evitado la emisión de aproximadamente 1,3 millones de toneladas de CO2, equivalente a las emisiones de 280.000 automóviles en un año.

En 2016, las plantas de Andasol generaron más del 2% de la energía solar total en España y el 5,4% de la energía termosolar total. Perjudicados por la retirada de subvenciones, sus inversores presentaron una de las 51 demandas contra España y finalmente han vendido a la británica Cubico Sustainable Investments Limited y a la española Cobra Sistemas y Redes.