Inversores acuden a la Justicia británica para forzar el primer impago de un título de deuda española en 90 años por el embrollo de las renovables

Según ha podido saber ABC, los representantes legales de este grupo de inversores remitieron hace poco más de un mes un escrito dirigido al alimón a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Economía y máximo responsable del Tesoro España, Carlos Cuerpo, a modo de notificación prejudicial sobre el procedimiento que en los próximos días pretenden abrir ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales con la aspiración de que la Justicia británica entienda el impago de los laudos arbitrales contra el Reino de España como un evento de 'default' y esto les permita instar la ejecución anticipada de un bono español a 30 años valorado en 237 millones de euros del que los inversores afectados por esos impagos detentan una participación.

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Blanca Martínez Mingo

De prosperar esta maniobra judicial, en la que los afectados tienen gran confianza ya que la justicia británica ya ha fallado a favor de los intereses de los inversores afectados por impagos de laudos arbitrales en otras ocasiones, como en el caso en que se decretó el embargo provisional de la indemnización de 900 millones de euros que le corresponde al Estado español por la catástrofe del Prestige en reconocimiento de los derechos de otro inversor extranjero afectado por la suspensión de las primas a renovables y por los impagos de los arbitrajes por el Gobierno español, y decretarse la ejecución anticipada del bono español afectado sería la primera vez desde la Guerra Civil en que un título emitido por el Tesoro encararía un episodio de 'default', aunque este fuera meramente técnico.

Fuentes del Gobierno, que recuerdan que todo este embrollo viene de la decisión adoptada en 2013 por el gabinete de Mariano Rajoy de recortar de forma drástica la rentabilidad aprobada por el Ejecutivo de Zapatero sobre esas instalaciones renovables -no menciona que esas rentabilidades aprobadas en los años de vino y rosas previos a la crisis financiera eran incompatibles con el proceso de consolidación fiscal exigido por Bruselas al Reino de España-, subrayan que ese escenario es, sin embargo, muy improbable. «No hay correlación alguna entre el resultado de los laudos y la pretendida ejecución por parte de Blasket sobre la deuda pública. De hecho, en ningún caso puede entenderse que los laudos arbitrales constituyan un evento de 'default' como Blasket viene argumentando desde hace un año con el envío de cartas miméticas».

Hace poco más de un año, cuando el grupo de inversores planteó por primera vez la posibilidad de promover el 'default' técnico de la deuda española, la Secretaría del Tesoro reclutó de urgencia al despacho internacional Simmons & Simmons, que viene representando los intereses del Estado español en los pleitos con los fondos afectados por el recorte de las primas renovables, para ver cómo abordar la amenaza planteada por los inversores estadounidenses.

Estos sostienen su acción judicial en la existencia de una cláusula específica en la emisión de deuda en cuestión, 'cross default', que habilitaría la posibilidad de que los tenedores de títulos correspondientes a ese bono - entre los que se encuentran estos inversores - puedan instar la ejecución anticipada del mismo en caso de impago por parte del emisor de cualquier deuda. De hecho, los inversores afectados tienen detectados otros tres títulos de deuda española denominados en dólares, yenes y euros y por un valor agregado de 750 millones de euros que presentan esta misma cláusula y que, por tanto, serían susceptibles de ejecución anticipada en caso de que se promoviera una acción judicial similar a la que se pretende abrir ahora en la justicia británica.