La intervención de Bruselas obliga a Sánchez a admitir la promesa de los peajes

Son declaraciones lanzadas en una entrevista en TVE donde Sánchez aseguró que, si se mantiene en La Moncloa, se retirará en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible la implantación del pago por uso en carreteras de alta capacidad, norma en la que el Gobierno aseguró a Bruselas que irían plasmados los peajes.

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EP

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había negado categóricamente el compromiso de España para introducir el pago por uso en autovía a partir del próximo año

Se trata de una nueva versión de los hechos ofrecida tanto por el Ejecutivo como por el propio Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha pasado en apenas diez días de negar la implantación de los peajes como hizo en el cara a cara con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo -«se paga menos que hace cuatro años, porque hemos levantado 1000 kilómetros de peaje», llegó a responderle Sánchez obviando contestar a si ese compromiso con Bruselas existía-, a admitir que el pago generalizado en las autovías estaba incluido en el plan de recuperación.

No fue en ese momento, sin embargo, cuando empezó a extenderse la polémica. El germen está en las palabras que el jueves de la semana pasada lanzó el director de la DGT, Pere Navarro. Durante una entrevista en TV3 aseguró que en 2024 «tendremos que poner peajes por imposición de Bruselas». Una afirmación que más tarde negó.

Un día después era la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la que negaba «categóricamente» la fijación del pago por uso en las autovías españolas a partir de 2024, incluso asegurando que era una medida que «carece de sentido». Cuatro días después la titular del antiguo departamento de Fomento ratificaba estas palabras y aseguraba que «una medida de ese tipo tiene que reunir el consenso de todo el mundo».

Al día siguiente, aunque manteniendo la versión de que no habrá peajes el próximo año, Raquel Sánchez admitió que «no tiene sentido» que el mantenimiento de las autovías y las autopistas siga estando a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y que ese modelo «difiere del resto de Europa».

Opiniones que secundó el pasado jueves la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. «En los próximos años, España tendrá que ver cómo se financian las infraestructuras», dijo. Palabras con un significado distinto a la idea de que no habrá que pagar por usar las carreteras españolas como ha defendido su partido en los últimos días.

Minutos más tarde de la intervención de Calviño llegaba la réplica desde el otro lado negociador. El jueves, la propia Comisión Europea daba un tirón de orejas al Gobierno. «Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de 'quien contamina, paga'», dijo en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión Europea, Veerle Nuyts. Ahora, el presidente Sánchez dice que desde la introducción de ese compromiso en 2021 «han pasado cosas» y justifica el intento de cambiar la promesa.

Lo cierto es que en el plan de recuperación se recoge el compromiso de implantar peajes en dos componentes distintos: en el uno y en el 28. También se menciona en los objetivos generales. Buena parte del documento está trufado de esta reforma, para la cual se ha llegado a contratar a KPMG para su diseño.

Así las cosas, en el año en el que se comprometieron los peajes, el Gobierno llegó a estudiar varios modelos de cobro. Transportes barajó opciones como la conocida como 'viñeta' y el pago por kilómetro. La idea era entonces aplicar a corto plazo la primera opción, que ya usan varios países de la UE, por la que el usuario hace un pago único por circular por las vías tarificadas durante un periodo de tiempo concreto. Hubiera sido tan solo la antesala, pues la idea era la de establecer permanentemente el pago directo por uso. Entonces Transportes barajó un precio de un céntimo por kilómetro.

En España, tras varias eliminaciones de autopistas de pago en los últimos años, hay actualmente 1.435 kilómetros de autopista con peaje. De extenderse este modelo a todas las carreteras de alta capacidad españolas, el pago por uso ocuparía, al menos, a los 12.165 kilómetros de autovías y autopistas en manos del Estado.