Los inspectores de Hacienda denuncian trato de favor a las fortunas en Suiza

De esta forma, añaden los inspectores, también se podrían evitar las sanciones administrativas y "sustituirse todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas" Para la IHE, estas actuaciones suponen un "escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales", mientras que al resto de contribuyentes "no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la ley".

Los inspectores señalan que si desde el Gobierno "se ha justificado, por ejemplo, el trato fiscal a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)", con el argumento de que el capital de estas sociedades podría irse a otros países si aumenta su gravamen, por ese mismo motivo debería ser "especialmente duro e implacable" con estos presuntos defraudadores.

Unas personas que, añade el comunicado, "no sólo han incumplido absolutamente sus deberes fiscales, sino que han deslocalizado sus capitales ilegalmente, con un gravísimo perjuicio a la economía nacional en su conjunto".

Para los inspectores, estas actuaciones "se asemejan" en la práctica a una "amnistía fiscal", porque permite a estos contribuyentes "regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la información de que dispone la Administración Tributaria".

Añaden que la Agencia Tributaria está volviendo a actuar de la misma forma que cuando recibió el listado de cuentas opacas en Liechtenstein, al emitir requerimientos "invitando amablemente" a que los presuntos defraudadores regularizasen voluntariamente su situación fiscal.