Hacienda caza a más de 2.500 fortunas que esconden 10.000 millones en Suiza

El dinero evadido podría acercarse a los 10.000 millones de euros, de acuerdo con fuentes cercanas a la operación, aunque todavía es pronto para calcular cuánto podría reportar a las arcas públicas el afloramiento de este fraude.

De momento, habrá que ver qué parte del supuesto fraude podría haber prescrito, lo que sucede transcurridos cuatro años desde que finaliza el plazo de la declaración del impuesto correspondiente. Además, la cuantía de la deuda tributaria variará dependiendo de qué impuesto es el que se ha evadido.

Así, si los titulares de las citadas cuentas opacas son personas físicas, tendrían que tributar muy probablemente por el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta, el 43% desde enero de 2007 y el 45% anteriormente. Y además, a estas cantidades habría que añadir, sanciones, intereses de demora o recargos.

En el caso de que los evasores sean sociedades, tributarían a un tipo que oscilaría entre el 30% y el 35%, dependiendo del momento de la evasión. Además, la Hacienda pública española puede exigir también la tributación por los intereses que haya generado el dinero colocado en las citadas cuentas opacas. Por estos intereses, los pagos ascenderían al 18%; o el 19 o el 21% para los generados a partir de enero de este año.

Algunos, a los tribunales

En el caso de que los presuntos defraudadores se acogieran a la regularización que Hacienda les ha ofertado, evitarían el pago de las sanciones, pero tendrían que hacer frente a un recargo que iría desde el 5% hasta el 20% dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido desde el momento en el que se tenían que haber declarado esos ingresos. En caso de que los contribuyentes a los que Hacienda se ha dirigido opten por no regularizar su situación fiscal se podrían enfrentar a los tribunales con acusaciones de delito fiscal. De hecho, la legislación actual prevé esta figura en los casos en los que el fraude supere los 120.000 euros y además haya dolo e intención de ocultamiento, lo que parece claro en este caso.

El chivatazo de Francia, que responde al aumento de la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades fiscales europeas, ha sido clave para detectar el fraude, ya que ha sido la agencia tributaria francesa la que ha pasado a su homóloga española la lista de los titulares de estas cuentas y las cantidades allí depositadas tras una información procedente del banco británico HSBC. Erradicar los paraísos fiscales y los centros financieros «off shore» es un objetivo prioritario del G-20, que además se ha reforzado con el estallido de la crisis económica y financiera. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer.