Ingreso mínimo: subida del 8,5% desde 2023 y atasco de más de 100.000 peticiones

El IMV es gestionado por el Ministerio Seguridad Social y está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad económica, por lo que se deberá de cumplir con una serie de requisitos, como tener residencia española y demostrar que se está en esa situación de precariedad económica para percibirla. Este requisito se cumple, según los requisitos, cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el el IMV. Es decir, por ejemplo, para un beneficiario individual, para poder solicitarlo se tendrá que cobrar menos de 523,41 euros.

Tras el alza que se aplicará en enero, la prestación mínima queda en poco más de 500 euros mensuales y la máxima rozará los 1.200 euros.

Estas serán las cuantías del ingreso mínimo tras aplicar el alza del 8,5%:

-Para un beneficiario individual: de 491,63 a 533,41 euros. Esto es, 41,78 euros más al mes.

-Para la unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos: de 639,12 a 693,44. Esto es, 54,32 euros más al mes.

-Para la unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos: de 786,61 a 853,47. Esto es, 66,86 euros más al mes.

-Para la unidad de convivencia formada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores o tres adultos y un menor o por cuatro adultos: de 934,10 euros a 1.013,49. Esto es, 79,39 euros más al mes.

-Para una unidad de convivencia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores, o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor: de 1.081,59 a 1.181,93 euros. Esto es, 99,74 euros más al mes.

Como ya informó este diario, los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que este viernes se han concentrado ante el ministerio que dirige Escrivá, explican que esta prestación está gestionada, además de por el personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos que «precipitadamente» se contrataron para dedicarse a la gestión de esta ayuda. Aseguran los sindicatos que son interinos para los que el Ministerio no tiene nada previsto cuando termine su contrato, que su cese está previsto como muy tarde para septiembre de 2023, y que perderán su especialización y la inversión en formación que se ha hecho con ellos, «quedado el IMV como incremento de trabajo en convivencia con el resto de las prestaciones, que irremediablemente acumularán la carga de trabajo junto con la deficiencia actual de nuestras plantillas».

UGT, CC.OO. y CSIF avisan también de que el problema de gestión del IMV presente y futuro por la falta de efectivos en la Seguridad Social está generando una bolsa de expedientes pendientes de tramitación que ha motivado que, por parte del INSS, se adopten medidas urgentes bajo el paraguas del denominado «plan de intensificación». Denuncian que este plan consiste en «ofertar horas extraordinarias que consideramos ilegales a la plantilla de interinos y al resto de la totalidad de plantilla existente que, lejos de solucionar la problemática, la agrava«.

Dicen que «este caótico escenario que evidencia la preeminente preocupación del ministro por el IMV, resta importancia al resto de prestaciones también vitales para quienes las precisan, que se siguen acumulando y que no están recibiendo este refuerzo». Añaden que «las envejecidas y mermadas plantillas de la Seguridad Social no alcanzan para tramitar el conjunto de prestaciones del sistema que están teniendo retrasos que producen interrupción de rentas. Funcionarios, afirman, que verán incrementada su carga de trabajo, fuera de su jornada laboral, para la resolución de expedientes de IMV, una »situación insostenible porque no se encuentra personal que asuma dichas tareas extraordinarias debido al carácter voluntario de las mismas«.