El impuesto que demuestra que los tributos se crean para quedarse

Se trata, por lo tanto, de un impuesto preconstitucional y, como suelen recordar los economistas del PSOE, que fue promovido por un gobierno de derecha, el segundo de Adolfo Suárez después de que la UCD ganara las elecciones generales de 1977 que dieron paso a la legislatura constituyente.

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Bruno Pérez

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Fue un Ejecutivo que no se sometió a investidura parlamentaria y que estaba formado por un grupo escogido: Fuentes Quintana, Fernández Ordóñez, Abril Martorell, Martín Villa, Cavero, Oreja… Un gobierno que exhibe ante la historia logros como los Pactos de la Moncloa, la solicitud de ingreso en el Mercado Común y la aprobación de la Constitución de 1978.

En este contexto, Fernández Ordóñez planteó una reforma destinada a alinear la tributación en España con la del resto de Europa. Aquí se pagaban relativamente pocos impuestos y de manera descriteriada: en razón del origen de las rentas en vez de por su cuantía. No existía el delito fiscal y el cuerpo de inspectores estaba infradotado.

Con todo, hubo personas que desde el primer momento advirtieron de que el impuesto tendría larga vida. Uno de ellos fue Ramiro Núñez de Villaveirán-Ovilo, jefe de la sección de estudios fiscales del Ministerio de Hacienda. En abril de 1978, ABC recogía sus comentarios a la norma. El primero era contra la utilización del término «excepcional» en el título de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal. Según el experto, el calificativo no era el adecuado «en virtud de la vocación de permanencia del tributo, perfectamente reflejada en el proyecto de ley remitido a las Cortes».

También se discutía el descuido a la hora de utilizar los términos «patrimonio neto» y «patrimonio bruto» puesto que «una de las características esenciales de la noción científico-jurídica del patrimonio es la identidad» porque el concepto patrimonio ya comprende no sólo los derechos y haberes, sino las deudas y cargas.

En aquella época preconstitucional y preautonómica existía en el Ministerio de Hacienda un Servicio de Armonización Fiscal, cuyo jefe era Juan Zurdo Ruiz-Ayúcar, quien afirmaba: «El establecimiento del impuesto sobre el patrimonio en el sistema fiscal español va a trascender al resto de los impuestos y básicamente al de la renta individual y al de sucesiones«. Este funcionario ponderaba la capacidad de control que entregaba a Hacienda el tributo patrimonial por encima incluso de su capacidad recaudatoria.

El primer gobierno que prometió anular el Impuesto de Patrimonio fue el de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Lo puso en su programa electoral de cara a las elecciones de mayo de 2007, donde consiguió mayoría absoluta. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que vio la jugada, empezó a animar la campaña para las elecciones de 2008 con el eslógan de que «bajar impuestos es de izquierdas«, frase que ya había empleado tan pronto como en 2001.

El 4 de diciembre de 2007, Zapatero le decía a 'El País': «Hay que eliminar el Impuesto de Patrimonio, ya que afecta de manera especial a las clases medias. Su supresión permitirá a España unirse al grupo de países europeos que lo han eliminado y esta medida garantiza la igualdad de todos los españoles. Una política de reducción fiscal acertada y progresiva pretende buscar eficiencia y estimular el ahorro y que los ingresos incluso aumenten. Este tributo, el de Patrimonio, es transitorio, extraordinario, y su supresión es un estímulo para que en este país no se penalice el ahorro«.

La derogación del impuesto se abrió paso en la mente de Zapatero gracias a los argumentos de economistas como Miguel Sebastián y David Taguas, quienes llevaban años denunciando la injusta «doble tributación« que suponía. Además, casi ningún país homologable tenía en vigor un impuesto parecido.

Aguirre tardó en actuar. No era fácil suprimir el impuesto, pero se podía dejar el tipo en el 0%, lo cual lo anulaba en la práctica. Se decidió hacerlo gradualmente, pero entonces –ya a finales de 2007–, Zapatero anunció que lo suprimiría si ganaba las elecciones de 2008.

Por esta razón, el segundo gobierno de Zapatero tuvo que compensar a las comunidades autónomas por lealtad institucional y estos ingresos quedaron integrados en el Sistema de Financiación Autonómica. La decisión de bonificarlo al 100% se adoptó justamente para evitar que alguna comunidad autónoma lo repusiera como impuesto regional, haciendo uso de sus atribuciones. En España no se pueden crear impuestos autonómicos si hay un tributo estatal igual.

Tras suprimirse en 2008 y restablecerse con carácter temporal para 2011 y 2012, los gobiernos de Rajoy y Sánchez lo fue prorrogando año a año hasta que en 2021 se restableció con carácter indefinido.

Ahora, cuando las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia han anunciado su bonificación, el gobierno central planea crear un Impuesto a los Grandes Patrimonios que lo sustituya. Como se ve, el tributo de Fernández Ordóñez también tiene como atributo la reencarnación.