Guardiola diseña un plan para detener el cierre de la central de Almaraz

Según el calendario pactado entre las propietarias de las centrales y el Gobierno, desde 2027 y hasta 2035 se producirá el cierre ordenado de todos los reactores operativos que hay en España. Los dos primeros serán los de Almaraz –2027 y 2028–. Pero el gobierno regional se niega a asumir esta realidad.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura aseguran a ABC que en estos momentos están en contacto permanente con los propietarios de la central (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para tener una posición común. No obstante, ninguna de las empresas involucradas se ha manifestado de forma pública sobre el futuro del negocio nuclear –al menos de manera clara y concisa sobre la necesidad de alargar la vida útil de las centrales– y han dejado el peso de las acciones de comunicación a la patronal sectorial, Foro Nuclear.

En este contexto, el gobierno extremeño diseña un plan con el objetivo de frenar el cierre. Para ello van de la mano con los vecinos de Almaraz, así como las localidades afectadas por el cierre. También quieren involucrar a los empresarios que sentirán el impacto por el fin de la actividad de la planta. Se trata de un número significativo de personas implicadas tras cuatro décadas de funcionamiento de la central.

Desde la consejería explican que se trata de un objetivo prioritario para el gobierno de María Guardiola, que además lleva semanas recibiendo una fuerte presión por parte de la oposición del PSOE, que recrimina al Partido Popular no ser capaz de detener este cierre. La postura socialista incurre en una contradicción puesto que el Gobierno central es quien ha decidido aferrarse al calendario pactado, y en estos momentos no tiene ningún interés en negociar con cualquiera de las partes.

Aunque hay otras voces que aseguran que este movimiento de la Junta de Extremadura tiene más tintes políticos que de acción real. El primer paso para detener el cierre de la central nuclear de Almaraz lo deberían dar las empresas propietarias. Algo que no han hecho en estos momentos.

La patronal Foro Nuclear lleva meses explicando la necesidad de mantener activa esta tecnología para que el sistema eléctrico español no tenga ningún problema de suministro. Pero nada más –al margen de la pelea contra las tasas e impuestos que se aplica al sector–. No existe ninguna petición formal al Ministerio para la Transición Ecológica para mantener abiertas las centrales nucleares.

La situación se ha complicado tanto que ni las empresas interesadas tienen una posición común sobre el futuro nuclear. Iberdrola y Endesa, los dos principales propietarios, tienen intereses cruzados. Por el momento, además, ninguna de las dos eléctricas tiene la intención de manifestarse de forma pública. Algo que no beneficia a los intereses del gobierno extremeño.

El ruido que se está generando sobre la posibilidad de alargar la vida útil del parque nuclear español ha pillado con el paso cambiado al Gobierno en materia de política energética. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, vive ahora mismo a caballo entre Madrid y Bruselas con la aspiración de ser comisaria en materia energética. Esta situación ha generado que todo el debate nuclear sea algo secundario para el actual Ejecutivo.

Así, el Gobierno lo afronta como un debate zanjado desde que pactaron el calendario de cierre junto a las propietarias de las centrales. Una situación que provoca una escasa receptividad por su parte para analizar los apagones. Esto es un problema para la Junta de Extremadura. Desde el gobierno regional insisten en el contacto permanente con los propietarios de las centrales. Sin embargo, las compañías eléctricas deben medir bien sus batallas con la todavía ministra y vicepresidenta, y la cuestión nuclear es algo que han empezado a dar por amortizado. Al menos las cuestiones sobre la vida útil. La pelea fiscal sí se mantiene viva.

La situación para las localidades cercanas a la central no es muy halagüeña. Este núcleo de población lo componen Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril y Valdecañas de Tajo. Son los municipios en un radio cercano.

Según un informe de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), el cierre de Almaraz provocará una disminución de la población. En el peor de los escenarios descritos por el informe, y el más factible, «si no se toman medidas drásticas, la población activa disminuye casi en un 40% como consecuencia de un tremendo envejecimiento de la población, que seguramente lleve a un estado crítico la viabilidad demográfica de algunas poblaciones, principalmente las más pequeñas».

El impacto también lo notarán los ayuntamientos de los municipios más cercanos a la central. Según el documento, dejarán de percibir más de 14 millones de euros anuales en concepto de impuestos directos (IAE e IBI BICE) y de transferencias (asignaciones de Enresa). Esto es más de un 55% de los ingresos totales de las corporaciones municipales de las localidades cercanas.

El informe también desmitifica el impacto positivo que, supuestamente, generará el desmantelamiento de la central, y no se prevé que compense la pérdida de empleo.