Las grandes constructoras proponen un peaje de tres céntimos por kilómetro para financiar un déficit inversor de 11.500 millones de euros en carreteras

Es el modelo que Seopan propone en el informe Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras presentado este miércoles en la jornada FAPE-Seopan celebrada en Madrid. La patronal que defiende los intereses de ACS, Ferrovial, Acciona o Sacyr apunta en su análisis a que estas tarifas serían, en todo caso, menores a las medias europeas y que además de financiar las inversiones en la red viaria también permitiría reducir las tarifas de las autopistas ya existentes.

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El estudio defiende varios factores por los que se cree que se debe impulsar el modelo de pago en las carreteras españolas. Entre ellos señala que el actual modelo provoca una «desigualdad territorial», haciendo referencia a que España «es el único gran país de la Unión Europea cuya red de carreteras es en su mayoría gratuita», con el 68% de los kilómetros de autovías sin tarificar. «Lo que implica que los españoles sí pagan por circular en otros países, mientras que los conductores extranjeros utilizan la red española sin aportar a su mantenimiento», argumentan. A ello, dicen, se suma «un agravio comparativo modal» con el resto de opciones de transporte como el tren, el barco o el avión, donde en todas ellas se abonan tasas por el uso de la infraestructura. Explican, además, que esto ocurre cuando el transporte por carretera representa el 84% del tráfico interior de pasajeros y el 95,8% de mercancías.

Pero la principal defensa de las concesionarias para implantar el modelo de pago por uso en las carreteras españolas está en el déficit de inversión acumulado que según sus cálculos roza los 11.500 milliones de euros y los disgrega de la siguiente forma: 874 millones de euros para adaptar las carreteras a los requisitos de la movilidad conectada y autónoma; 1.847 millones para mejorar la seguridad vial con la construcción de carreteras; 547 millones para aparcamientos seguros; 3.769 millones en infraestructura de recarga de acceso público del vehículo eléctrico para la instalación de 1.585 electrolineras y 10.710 puntos de recarga ultrarrápida (350 kW); 2.084 millones para transición ecológica con sumideros de carbono asociados a la carretera -plantación pino piñonero para la absorción de CO2-, protección acústica en tramos cercanos a poblaciones de la red de carreteras de gran capacidad con intensidades medias diarias superiores a 8.200 vehículos y medidas optimización lumínica.

Sumadas a estas inversiones, también faltarían 1.540 millones de euros en digitalización y conectividad de sistemas necesarios para permitir la comunicación con el vehículo y la gestión de datos, y 833 millones de euros para la implantación de la infraestructura de cobro.

El sistema propuesto hoy por Seopan también añade algunas aristas como la de establecer descuentos para usuarios frecuentes y colectivos más vulnerables con el fin de minimizar el impacto de la medida. Según su propuesta estos irían en función del tránsito, del vehículo o de la persona propietaria.

Asimismo, el modelo presentado este miércoles contempla que, durante los 25 años de concesión, el operador privado se haga cargo de los gastos de explotación y mantenimiento, representando estos un total de 38.447 millones de euros. El modelo incluye también el pago de las bonificaciones actualmente aprobadas a las autopistas de peaje que representan 3.781 millones, además del pago de un canon anticipado 'upfront' de 8.088 millones del concesionario a la Administración.

En definitiva, las constructoras defienden este modelo en base a los ingresos que generaría con un importante retorno al estado. Según su estudio, los ingresos de peaje totales en 25 años de 143.024 milones, con un ahorro de gasto público de 41.038 millones y un retorno fiscal de 35.314 millones.

El informe de Seopan viene apoyado por otro de PwC también presentado hoy y que concluye con que España es una excepción en Europa con solo el 13% de su red viaria tarificada, cuando 19 países del continente tienen el 100% de su red de autopistas de pago y otros 5 tienen más del 75%.