Gobiernos autonómicos y ayuntamientos 'sacan tajada' de la expansión de las renovables

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Actualmente, son cuatro las regiones que gravan las plantas renovables: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Cantabria. Las tres primeras ingresaron unos 68 millones de euros en 2022 por el canon eólico o «impuesto al viento».

Galicia fue la pionera y Cantabria se sumó a finales de 2022, siendo la primera que incluía la industria fotovoltaica en el nuevo «impuesto al sol». Más recientemente ha sido el País Vasco, que acaba de aprobar su ley de Transición Energética y Cambio Climático, que incluye un canon a los proyectos eólicos y fotovoltaicos que se instalen en la región.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de las que forman parte las principales energéticas del país, han advertido que este tipo de impuestos amenazan el desarrollo renovable, ponen en peligro miles de millones de euros en inversiones y miles de empleos. Además, consideran que pueden ser contrarios al marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de renovables.

El director general de APPA Renovables, José María González, afirma a este periódico que «es un error» fijar impuestos «sobre un supuesto impacto medioambiental, ya que cualquier actividad tiene un impacto».

Subraya que «cargar con más impuestos a las renovables hace que la energía sea más cara». Incluso, puede darse el caso de que «sea más caro pagar el impuesto que el coste de la ocupación de la superficie». González añade que debería haber una fiscalidad única en todo el país.

La última comunidad autónoma en sumarse a esta nueva fiscalidad es Aragón, que ha elaborado un anteproyecto de ley para gravar las inversiones en energías limpias. Aragón es la región con una mayor cobertura de la demanda eléctrica con energía eólica. De hecho, en 2022 alcanzó el 100%.

«El canon en Aragón puede poner en peligro futuras inversiones en los parques eólicos en esta comunidad, además de la pérdida de oportunidad de creación de empleo. La recaudación de 24 millones al año mediante el canon no es una medida acertada cuando se trata de elevar y asegurar el nivel de vida de las comarcas aragonesas que pueden albergar estos parques eólicos. Los resultados del análisis del estado de las arcas municipales muestran que la eólica es una fuente de ingresos para los municipios donde se instala y un motor de desarrollo para la zona», afirman en la AEE.

El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) dice que lamenta que la ley de Aragón por la que se crean nuevos impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos «tiene un objetivo meramente recaudatorio y van a derivar en un impacto negativo en la competitividad de la economía e industria de la región, a la vez que van a conllevar, de manera inmediata por parte de los inversores y desarrolladores de parques eólicos y fotovoltaicos, un desincentivo a las inversiones en instalaciones de producción de electricidad e hidrógeno renovable».