Las renovables inyectarán 1.300 millones en las arcas municipales de Andalucía

¿De dónde proceden estos ingresos? Según el informe de la Consejería, los promotores «afrontan el pago de una serie de tributos municipales durante las fases de construcción y de explotación de los proyectos, entre ellos, la tasa por licencia de obras y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)». Además, durante la fase de desarrollo, «los consistorios reciben una prestación patrimonial de carácter público no tributario por el uso temporal del suelo rústico». Y ya en la fase de explotación, los promotores pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). A ello se le une el efecto económico positivo en la comunidad autónoma a través de otras figuras tributarias como IRPF e IVA.

El encuentro 'Made in Andalucía' se celebró en Carmona, una localidad «que es líder en atracción de inversiones, con más de 4.000 MW, y que ha conciliado este desarrollo con la preservación de su esencia, y ha financiado y creado nuevos servicios municipales gracias al incremento de la recaudación», recordó Paradela.

El objetivo de la jornada es conectar a proveedores de equipos y servicios de ingeniería andaluces con grandes promotores de plantas renovables para fortalecer la industria en Andalucía y favorecer que la mayor parte de componentes vinculados a los mismos se fabriquen en la comunidad. «Queremos dejar más huella industrial en Andalucía, queremos que la ingeniería, el diseño, servicios y la fabricación de equipos como cuadros eléctricos, transformadores, seguidores… se produzcan en la región».

En esta transformación Sevilla tiene un papel decisivo, ya que «aportó prácticamente la mitad de la nueva potencia instalada con la puesta en servicio de 738 megavatios (MW) verdes en 2023, esto es, el 46% de los 1.605 MW que se instalaron en la región durante 2023». La nueva capacidad es un «récord en potencia anual instalada en la provincia, con un volumen de inversiones estimado de 753 millones de euros y la creación de 2.200 puestos de trabajo asociados a su construcción».

En el último decreto de simplificación administrativa se ha incluido «un desarrollo más ágil de las energías limpias». Entre las principales medidas se encuentra la eliminación de la autorización previa y de construcción para instalaciones de entre 100 y 500 kilovatios (kW), requiriendo solo la autorización de explotación, con una tramitación más sencilla».

También se permite a los promotores realizar determinadas consultas y aportar información mediante declaración responsable, se amplía el rango de instalaciones de autoconsumo eléctrico exentas de licencia municipal hasta 500 kilovatios (kW), «fomentando así su desarrollo especialmente en el ámbito industrial y empresarial para contrarrestar los aumentos de precios de la energía», y se adoptan medidas para agilizar la tramitación de las redes de evacuación, permitiendo presentar conjuntamente las solicitudes de autorización previa y de construcción.