La Xunta asume otro frente con el TSXG por la nueva parálisis eólica

El TSXG, y más concretamente la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo, maniobró después de que el TS, en diciembre, rechazase dos de las causas que el Superior gallego tuvo en cuenta para decretar la anulación de algunas instalaciones —atendiendo al plazo del trámite de información público en la evaluación de impacto ambiental—. Ahora invoca «la prevalencia de los principios de cautela, prevención y precaución en materia medioambiental» para, de los 18 autos emitidos hasta la fecha, relativos a suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción de 16 parques eólicos, desestimar sólo tres.

En San Caetano existe la convicción de que los técnicos han hecho un buen trabajo, y que la razón está de su parte, como así hizo constar el TS, y puede volver a hacer. Toca remar. «Por supuesto, continuaremos con la vía de recurso (...), continuaremos luchando», dijo Lorenzana. Ese último verbo ya da una medida de cuál es la percepción en la Xunta de la posición del TSXG. La responsable de Industria fue comedida, reiterando su respeto a la decisión del Superior pese a no compartirla. Menos pelos en la lengua tuvo la número tres del gobierno regional. «Me llama muchísimo la atención —dijo a los medios— lo que está ocurriendo con el TSXG», al que afeó que haga «caso omiso a lo que dice el Supremo». Galicia es «de las únicas comunidades autónomas donde está ocurriendo todo esto», criticó.

La vicepresidenta segunda en funciones lamentó que la postura del tribunal gallego «supone una parálisis de meses de todos los eólicos que ahora mismo tenemos en marcha». «Hay muchos proyectos en marcha», alertó. Son 60, y suponen 3.000 MW de potencia, con un impacto estimado de 4.200 millones de euros y unos 4.800 empleos durante cinco años. Las cifras las aporta, en coordinación con la Asociación Eólica de Galicia (EGA)—, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de ámbito nacional, que alza la voz ante la «reiterada situación de inseguridad jurídica» que sufre el sector. Más aún, de acuerdo con un estudio de impacto, calculan que la Comunidad necesitará 8 TWh adicionales para dar cobertura a 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico, que supondrán 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos. «Todo esto se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica», claman. Creen que una parálisis puede «afectar a varias generaciones durante años».

En una nota remitida este miércoles, la AEE advierte de que esta «judicialización» constante «contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones». Y las que están en marcha se tambalean, con personal en el terreno ahora inactivo, criticó Ángeles Vázquez. La Xunta, con su presidente en funciones, Alfonso Rueda, al frente, quiere erigirse en 'hub' de las energías renovables, especialmente todo lo que tiene que ver con eólica, tanto marina como terrestre; e hidrógeno verde. Y la competencia para posicionarse es dura. Pero cuando no es la falta de apoyo del Gobierno, son los tribunales los que ponen palos en las ruedas.

Palos en las ruedas que, además, se ven como «excusas», palabra que utilizó la titular de Medio Ambiente para referirse a los nuevos argumentos del TSXG. Éste, por ejemplo, se escuda en el mapa de zonificación ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como «información objetiva» para ponderar un posible daño ambiental. Sin embargo, replica la AEE, dicho mapa no tiene rango normativo propio, es una mera herramienta de apoyo. «El trámite realmente riguroso y vinculante (...) es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)», recuerdan. Estas, reivindicó Lorenzana, se llevan a cabo «con absoluta seriedad», con informes «rigurosos». Vázquez quiso «defender» a sus técnicos y aseguró: «No pudimos ser más estrictos». Ambas recordaron, al hilo, que de hecho la Xunta ha tumbado numerosos proyectos. En 2023 hubo 48 DIA negativas, por 45 positivas. En diciembre, Economía informó de que se habían 'echado para atrás' 63 parques.

El TSXG también se ampara en la necesidad de hacer «prevalecer», al ponderar los «intereses en conflicto», el que «resulte más digno de protección». Lorenzana recordó que la ley de acompañamiento ya regula el interés público superior de los parques eólicos, y que lo han de «tener en cuenta» los tribunales. «Es un momento, incluso, de sufrimiento personal, cuando cumples con la ley» y «no entiendes cómo, sentencia tras sentencia, ves cómo tu trabajo a veces queda como un poco embarrado» confesó Vázquez; toca «salvar este escollo». «Ganamos ya en el TS» anteriormente, se animó Lorenzana.