El Gobierno señala a la Airef cómo medir el gasto en pensiones para evitar más ajustes

La de las transferencias estatales es una de las aclaraciones que el ministerio dirigido por Elma Saiz ha incluido en el reglamento que fija las reglas por las que la Airef debe evaluar el sistema. Porque si las cuentas no salen, el informe deberá indicar si hacen falta más ingresos, o menos gastos. Además, ese examen va a disponer de los últimos datos de pensiones, que ayer publicaba Seguridad Social, y que reflejan un panorama en el que el gasto mensual roza el récord de los 13.500 millones de euros, un 6% más que hace un año. Por poner algunos ejemplos del crecimiento de las cifras, que avanza a pasos agigantados, la pensión media de jubilación ha superado por primera vez en la historia los 1.500 euros; y las nuevas incorporaciones al sistema les corresponde una prestación media cercana a los 1.900 euros.

Este incremento se explica por la incorporación de la generación del 'baby boom' (los nacidos entre finales de los 50 y los 70); la revalorización que las pensiones (en esta última ocasión, un 2,8%); la subida del salario mínimo (SMI) en más de un 50% en cinco años, que condiciona la cotización de una parte de los trabajadores; o los complementos que aplica el Estado en materia de género o de mínimos.

Tampoco ayuda a cuadrar las cuentas otros datos que, actualizados, deberían quitar presión al gasto: el hecho de que las jubilaciones anticipadas representan menos del 30% de las que se registran; en 2019 eran el 40%. O que la edad media de retiro se sitúe en los 65,2 años.

Moncloa espera que los criterios adaptados para que la Autoridad Fiscal elabore sus cuentas impliquen que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB hasta 2050, como España se ha comprometido ante la Comisión Europea. Con los 50.000 millones que la Administración central inyecta al sistema en momentos clave, como el de las pagas extra de verano o Navidad, los ingresos se encuentran mucho más estabilizados. Aunque desde Seguridad Social insisten en que no se ha cambiado la norma, ni se puede hacer desde el punto de vista legal, esos criterios sí añaden una aclaración a las cinco grandes fuentes de financiación, con las cotizaciones al frente: «Igualmente, tendrá la consideración de ingreso del sistema de la Seguridad Social la transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social que debe contemplar anualmente la Ley de Presupuestos Generales», es el párrafo adicional incorporado.

El problema con el que se puede encontrar el Ejecutivo es que la Airef rechace esta partida al realizar sus cálculos porque considere que no forma parte de esa evaluación a medio y largo plazo, tal y como apuntan diversas fuentes expertas en este tipo de procesos vinculados a las pensiones.

Además, las normas del Ejecutivo obligan a la Airef a utilizar los últimos datos macroeconómicos más actualizados para realizar su evaluación. Por ejemplo, con el registro de Producto Interior Bruto (PIB), mucho más elevado a estas alturas del año que cuando la Comisión Europea elaboró su informe de estabilidad del sistema. Si el PIB es más alto, gracias al crecimiento de la economía española de estos meses, el gasto en pensiones medido sobre ese ratio será menor y, por tanto, no exigirá más ajustes.

En realidad, hay un decalaje entre los datos que utilizó Bruselas para realizar sus estimaciones y los últimos registros del INE, que han confirmado un crecimiento del PIB por encima del 3%. Se trata de una oportunidad para revisar todos los cálculos y realizar proyecciones a 2050. «No tiene sentido utilizar unos datos distintos cuando los tienes actualizados», insisten fuentes gubernamentales.