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El Gobierno recurrirá ante la Justicia europea el veto a la pesca de fondo

El ministro de Pesca, Luis Planas, tacha de «absolutamente desproporcionada e injusta» el cierre de 87 caladeros a las artes de arrastre y palangre

La Abogacía del Estado ya trabaja en la preparación del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas EFE
Carlos Manso Chicote

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La prohibición de Bruselas a la pesca de arrastre y otras artes como el palangre en 87 áreas del Atlántico, que entrará en vigor el próximo lunes 9 de octubre será analizada por los tribunales europeos. En el Congreso de los Diputados, este miércoles, a preguntas del Bloque Nacionalistas Galego (BNB) el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas ha confirmado que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ahora, el futuro recurso, queda en manos de la Abogacía del Estado que tendrá hasta el próximo 17 de noviembre para presentarlo. Quedan varios interrogantes por despejar, como si se solicitará al tribunal medidas cautelares. Por ejemplo, la suspensión de la prohibición ante la revisión de la medida prevista para el próximo mes.

En respuesta a sendas preguntas del Partido Popular (PP) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Planas ha asegurado que España recurrirá al tribunal europeo contra una medida que el Gobierno considera «absolutamente desproporcionada e injusta», porque «la información científica» que se esgrime para defender el cierre de esos caladeros «es insuficiente y anticuada» y porque «no se han tenido en cuenta los efectos económicos y sociales» de esa decisión.

También ha abundado en que el informe científico utilizado para justificar la medida contiene errores de batimetría (medición), ya que aunque el veto afecta a profundidades de entre 400 y 800 metros, hay que zonas incluidas que no están en esta franja y a las que no cabría aplicar la nueva normativa. «Es una decisión seria y grave que sienta precedentes en relación con la utilización de informe científicos», ha advertido sobre unos estudios que ha tachado de "insuficientes".

Planas ha asegurado que mantiene contacto tanto con las autoridades comunitarias, para determinar los términos de aplicación del reglamento, como con el sector pesquero español (Cepesca, Cofradías) para determinar conjuntamente los siguientes pasos a seguir. Además de mantener conversaciones con otros países perjudicados por el reglamento como Irlanda y Francia. «Tengan por seguro que el Gobierno va a hacer todo cuanto esté en nuestra mano«, ha concluido el ministro.

Por su parte, el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (Ebfa) Iván López, ha reconocido en declaraciones a ABC que están «muy contentos» de que Planas haya decidido liderar la reacción de España presentando un recurso ante los tribunales europeos. En este sentido, ha añadido que hay cierta expectación entre otras flotas europeos por la medida adoptada. «La región bretona estaba muy interesada en las acciones que emprendería Galicia e Irlanda, ahora está analizando con atención lo que va a hacer España», ha apuntado.

Sobre los argumentos que esgrimirá el Gobierno español en su recurso ante Bruselas, el máximo representante de la pesca de fondo europea, ha señalado hacia varios factores: el proceso de consultivo (solo ha habido una reunión formal con las partes interesadas y fue el pasado 26 de julio) «y la falta de claridad legislativa«, así como el uso en la toma de decisiones de la Comisión Europea «de la mejor ciencia disponible, que no lo ha hecho en el caso español». Como ejemplo, ha lamentado que Bruselas no haya echado mano de datos actualizados de proyectos subvencionados por fondos europeos como 'Life Intemares' e 'Indemares'.

«La gente va a salir: el sector pesquero no se rinde»

Sobre lo que puede pasar, a partir del 9 de octubre, el presidente de Ebfa ha asegurado que «la gente va a salir: el sector pesquero no se caracteriza por rendirse». y ha garantizado que «saldremos a pescar dentro de las normas y saldremos adelante». En este sentido, ha lamentado que a cuatro días de la entrada en vigor de la prohibición, no sepan las flotas afectadas «si se aplicará a las profundidades de 0 a 400 metros«. Al respecto, López ha reconocido, que »tenemos la confirmación informal de algún funcionario europeo por mail de que no se pondrá en práctica«.

Preguntado por el recurso que prepara el sector pesquero, López ha reconocido que esperarán a ver qué argumentos esgrime el Gobierno ante la Justicia europea. «Sería un poco de locos presentar un recurso sin analizar antes el que interponga España, así como los informes en los que se fundamenta», ha esgrimido el máximo responsable de Ebfa quien recuerda que el plazo para recurrir no vence hasta el 17 de noviembre (a los 60 días de la publicación del polémico reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE). López ha reconocido que como sector tienen mayores dificultades para acudir a los tribunales comunitarios, ya que deben acreditar un interés legítimo.

Controversia política

Ni siquiera las consecuencias que puede suponer para el sector pesquero la decisión de Bruselas, la Xunta de Galicia estimaba más de 816 millones de euros de impacto potencial en el conjunto de la economía gallega, han logrado conciliar a socialistas y populares.

El portavoz de Pesca de los populares Joaquín García ha criticado este miércoles en el Congreso que «estos caladeros históricos van a ser abandonados para proteger espacios marinos vulnerables sin proteger a los pescadores, su forma de vida, en Celeiro o Burela, por ejemplo«. En este sentido, ha criticado que no se haya podido sumar aliados estos últimos años para evitar una decisión de este calibre e instado al Gobierno a que »presente ya el recurso porque en cuatro días cientos de barcos abandonarán estas zonas sin ninguna alternativa«.

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