El Gobierno promete a Bruselas recortar 20.000 millones de gasto público en dos años y congelarlo entre 2024 y 2026

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había avanzado el jueves que España se iba a comprometer con la Comisión Europea a rebajar el desequilibrio de las cuentas públicas por debajo del 3% del PIB un año antes de los previsto, en 2024, y que lo iba a hacer sin necesidad de abordar ningún recorte del gasto público.

El detalle de la nueva senda de consolidación fiscal del Reino de España remitida a Bruselas y difundida ayer revela, sin embargo, que el Gobierno prevé un fuerte recorte de gasto público de 1,5 puntos de PIB -unos 20.000 millones de euros- entre este año y el que viene. Y no solo eso sino que también se compromete a que el gasto público no crezca por encima de lo que lo haga el PIB nominal durante toda la próxima legislatura, hasta 2026.

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El objetivo es llegar a la entrada en vigor del nuevo marco europeo de control fiscal, en 2025, con el desequilibrio de las cuentas públicas por debajo del 3% del PIB y evitar así un control reforzado de las cuentas españolas por parte de los socios europeos.

Poco contribuirá el gobierno saliente en ese objetivo. El Ejecutivo de coalición ha optado por mantener el mismo objetivo de déficit que ya pintó en los Presupuestos, del 3,9% del PIB a final de año, y por asumir la parte más sencilla del recorte del gasto: las cinco décimas que reducirá el gasto público sobre el PIB desde el 47,8% hasta el 47,3% y que prácticamente se alcanzarán con el repliegue de las medidas de estímulo y de las ayudas instauradas para hacerle frente a la inflación y cuya caducidad está prevista para el próximo 30 de junio.

La parte del león del ajuste presupuestario se ha dejado para el año 2024, en el que el plan original del Gobierno preveía reducir el déficit público del 3,9% al 3,3% y que ahora tendrá el objetivo ineludible de bajar del 3% para no entrar en las nuevas reglas fiscales europeas como un incumplidor. La senda que se ha enviado a la Comisión Europea también prevé para ese año el gran recorte del gasto público desde el 47,3% del PIB hasta el 46,3%, unos 14.000 millones de euros y sin medidas de estímulo que retirar. Desde ahí y hasta el fin de la legislatura, el Gobierno se compromete a que el futuro ejecutivo no incrementará el gasto público por encima del PIB nominal.

La otra cara del ajuste pintado por el Gobierno es la evolución de los ingresos. El equipo económico encabezado por Nadia Calviño y María Jesús Montero no solo confía en que las arcas públicas mantendrán la totalidad de los ingresos extra generados durante el episodio inflacionista, sino que estos incluso se incrementarán durante la próxima legislatura hasta los 704.391 millones de euros (90.000 millones más que los previstos para este año), contribuyendo al objetivo de reducir el déficit y la deuda.

«El previsible menor crecimiento del IPC en 2023 y siguientes no constituye un factor de riesgo para los ingresos», asegura el documento remitido a Bruselas, «porque incluso con tasas de inflación moderadas los ingresos se elevan si la economía crece».

El Gobierno de España cree además haber conseguido en los últimos años un cambio radical de la conciencia social de los españoles hacia los impuestos, que asegura un caudal de generación de ingresos superior al que había anteriormente. Menciona en este sentido que medidas como las restricciones al efectivo Y la ampliación del radio de acción de la lista de deudores han reducido el fraude e incrementado la recaudación; que el despliegue de los ERTE ha resultado en una reducción irreversible de la economía sumergida; y que el incremento de los pagos con tarjeta respecto a las maniobras con efectivo también han ensanchado las bases fiscales. Bajo esas premisas prevén que los ingresos fiscales superen el nivel récord del 43% alcanzado en 2022 y llegue al 43,8%.

Esa es la base a partir de la cual el Gobierno prevé que el déficit descienda desde el 4,8% del año pasado al 3,9% en 2023, al 3% en 2024, al 2,7% en 2025 para acabar en el 2,5% en 2026. En ese mismo periodo la deuda pública descendería desde el 113,2% del año pasado, al 111,9% en 2023, al 109,1% en 2024, al 107,9% en 2025 y al 106,8% en 2026.

El crecimiento del PIB hará su parte en todo este plan. La presentación del Programa de Estabilidad y del Plan Nacional de Reformas a la Comisión Europea marca uno de los hitos anuales en los que el Gobierno se replantea su previsión de crecimiento si considera que es necesario.

Este año no lo ha visto así. Salvo catástrofe, el Gobierno llegará a las elecciones con la misma previsión de crecimiento del 2,1% del PIB que pintó en los Presupuestos, de la que nunca dudó pese a los augurios de los analistas y que tras el dato de PIB del primer trimestre conocido ayer está más cerca que nunca de cumplirse. Lo que se prevé para los próximos años sigue la línea de crecimientos moderados, pero sostenidos: 2,4% en 2024, 1,9% en 2025 y 1,7% en 2026.

Lo más relevante sin embargo es que el Gobierno está convencido de que las reformas introducidas con el Plan de Recuperación van a elevar el PIB potencial desde el 1,2% actual hasta el 1,7%. El crecimiento real y potencia se alinearían en 2026.

Otro elemento sustancial de las previsiones enviadas por el Gobierno a la Comisión Europea está en la previsión de creación de empleo. Solo unos días después de que el Ejecutivo enmendase por las bravas el planteamiento del PP sobre la reforma de las pensiones y caricaturizase la propuesta de Núñez Feijóo de crear 1,8 millones de puestos de trabajo durante la próxima legislatura como parte de las claves para reforzar los ingresos del sistema, el Gobierno incluye en el documento que difundió ayer una estimación que calcula la creación de 1,1 millones de puestos de trabajo entre 2023 y 2026, y la reducción de tres puntos de la tasa de paro en el mismo periodo, pasando del actual 13,2% al 9,8% al final del periodo.