El Gobierno plantea aumentar un 30% la 'Tasa Enresa', algo menos de lo previsto

Con esta tasa las titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos del combustible gastado que lleva a cabo la empresa pública Enresa. La nueva propuesta del MITECO, consultada por Europa Press, supone una rebaja de 10 puntos respecto a la planteada inicialmente, que fijaba la tasa en 11,14 euros/MWh y que fue retirada ante las alegaciones, entre ellas del sector nuclear, que pedían más tiempo para estudiar el texto.

Para fijar la nueva propuesta de Tasa Enresa se ha tenido en cuenta una actualización del valor del fondo de Enresa a 31 de diciembre de 2023, superior al estimado en la primera propuesta, así como el valor real del IPC en 2023, inferior al estimado inicialmente, según consta en la memoria del nuevo proyecto de Real Decreto sacado a consulta pública.

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Javier González Navarro

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«¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho, yo creo, un esfuerzo grande y además hemos sido beneficiarios de la excelente gestión que está haciendo Enresa», ha señalado Ribera en un Desayuno Informativo de Europa Press, en el que ha precisado que hasta ahora la tasa ha permitido acumular en el fondo más de 8.000 millones de euros y que la actualización propuesta ahora supone casi 3 euros menos que lo que se recomendó en el informe de la comisión de expertos en 2018 redactado por el anterior gobierno de Mariano Rajoy.

En aquel informe, según han señalado a Europa Press fuentes del MITECO, se planteaba una tasa de 13,51 euros/MWhora para una esperanza de vida de 40 años, superior a los 10,36 euros/MWhora, planteada ahora para una esperanza de vida mayor de acuerdo por el calendario de cierre.

Sin embargo, para el sector nuclear cualquier subida por encima del 20% supone la ruptura del acuerdo del calendario de cierre (Protocolo de Intenciones de 2019), según advirtieron en enero cuando se conoció la primera propuesta del Ejecutivo para elevar la Tasa Enresa.

Para Ribera, la gestión de los residuos a través de Enresa «es el modelo más eficiente con el que se cuenta». «En Francia sale mucho más costoso esta gestión porque cada propietario se tiene que hacer cargo de sus residuos, mientras que aquí ese sistema común reduce costes», ha asegurado.

En este sentido, también ha señalado que es más fácil hacer la gestión de los residuos en aquellos municipios donde se ha trabajado desde hace mucho con una planta nuclear, que no buscar un sitio, un emplazamiento diferente.

De esta forma, argumenta que el VII Plan General de Residuos (PGR) haya descartado la construcción de un Alamacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en Villar de Cañas (Cuenca) y contemple la construcción de siete almacenes temporales individualizados en cada una de las centrales (ATD), lo que, según el sector nuclear, supone unos «extracostes» que no están dispuestos a asumir, motivo por el que han recurrido el plan.

La vicepresidenta también ha recalcado que el calendario de cierre ( de las centrales nucleares es un calendario en el que participan y se comprometen todas las empresas propietarias de las centrales nucleares.

«Mi impresión es que ese calendario es un muy buen calendario para España, para los españoles, para los propietarios de las centrales, para el sistema eléctrico y para los enormes profesionales del sector nuclear en España», ha asegurado. Preguntada sobre si en 2035 no habrá centrales nucleares en España, la ministra ha recalcado que esa es su «impresión».

A juicio de Ribera, las centrales nucleares se encuentran desde hace meses en una posición «incómoda» en la actualidad porque «hay mucha más generación renovable a precio mucho más bajo que le impide competir o cubrir costes», según ha señalado que reconocen ahora.

«A la hora de la verdad las condiciones de seguridad de funcionamiento de las centrales, de incorporación razonable de ese extracoste que es la gestión de los residuos hace que se ponga de manifiesto que aquel mantra que durante mucho tiempo existió la nuclear es la más barata, pues no es verdad», ha recalcado.

Esta política en España contrasta con la apuesta que ahora hace la Unión Europea por la energía nuclear tras las presiones de Francia.