El Gobierno permitirá a ayuntamientos y CC.AA. endeudarse para asumir la subida de los salarios públicos

De esta forma, se materializará el acuerdo entre el ministerio de Hacienda con los sindicatos UGT y CC.OO. del que finalmente se descolgó el CSIF, ya que consideran insuficiente las subidas salariales pactadas para los próximos tres años por una cuantía que rondaría el 9,5% acumulado en 2024. «La subida adicional publicada hoy en el BOE no cubre la inflación y además se retrasará hasta marzo del año que viene, quedándose desfasada: vigilaremos su aplicación», señalan desde la patronal.

El real decreto permite al Estado autorizar a ayuntamientos y comunidades autónomas a endeudarse a largo plazo y disponer de mecanismos oficiales para asumir este coste. Por lo tanto, la subida salarial pactada con sindicados para los meses restantes de 2022 se pagarán con deuda de cara a 2023, con un plazo máximo de devolución establecido para el 31 de marzo del año que viene.

Además, y también de forma extraordinaria, las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes para financiar las modificaciones de crédito podrán formalizar un préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.

El esfuerzo económico para la subida del 1,5% no será un caso aislado. Tal y como informó este diario, el acuerdo final pactado entre Hacienda y los sindicatos supone una subida salarial para los trabajadores públicos del 9,5% en los próximos tres años, con subidas del 1,5% para 2022 -a la que se suma el 2% acordado previamente-, del 3,5% para 2023 en función del avance de la inflación y el PIB, para concluir 2024 con una subida de hasta el 2,5%.

Sin embargo, este acuerdo de mínimos no fue suscrito por el CSIF, uno de los principales sindicatos de la Administración Pública, que mostró su malestar el pasado mes con una multitudinaria manifestación -con cerca de 70.000 participantes- en el centro de Madrid y anunció nuevas movilizaciones de cara a noviembre para demandar mejoras en las condiciones laborales. Una situación laboral que calificaron de «crítica», donde la «incompetencia de los responsables del sistema «genera ineficacia y cargas de trabajo adicionales» según el CSIF.

Pese a la revalorización anunciada, los funcionarios asumirán una pérdida de poder adquisitivo considerable para este año, cuando el IPC se situará de media entre el 8% y el 9%, a pesar de la moderación en la escalada de precios experimentada en el mes de septiembre situando el índice en el 8,9% tras meses con tasas superiores al 10%. Solo para este año, se prevé un caída de poder de compra de 4,5 puntos porcentuales para los trabajadores de la Administración.