El Gobierno tendrá que explicar por escrito por qué acude a la Justicia para no dar detalles de los rescates de la Sepi
El PP se vale de una pregunta parlamentaria para forzar al Ejecutivo a motivar su decisión de recurrir a los tribunales para no cumplir una resolución de Transparencia
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en una comparecencia parlamentaria
Hace menos de un mes se conoció una sentencia de la Audiencia Nacional que desestimaba un recurso presentado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública contra otra resolución judicial de un tribunal menor que obligaba al Gobierno a facilitar detalles sobre el rescate de 320 millones de euros ... realizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Todo venía de una resolución del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia de julio de 2022 que no encontraba objeción legal alguna para que el Ejecutivo aportara información sobre los recursos públicos recibidos por la empresa para estabilizar su situación financiera en los meses posteriores a la pandemia.
No era la primera vez que el Gobierno acudía a los tribunales para evitar dar explicaciones por los rescates acometidos por la Sepi aprovechando el margen de maniobra excepcional proporcionado por la Comisión Europea en el entorno de la pandemia. De hecho, desde la Sepi se alega que el Tribunal Supremo ya ha avalado hasta en dos ocasiones su cautela a la hora de proporcionar información, bajo el argumento de que la normativa que regula ese fondo de rescate establece el carácter reservado de los datos, documentos e informaciones referidos a las operaciones, lo que, por otra parte, impediría cualquier tipo de control externo sobre los rescates realizados.
Ante lo que observan como un ejercicio de opacidad, el Partido Popular ha decidido aprovechar una de las herramientas que le ofrece el trámite parlamentario para forzar al Gobierno a dejar explicaciones por escrito de las razones por las que ha decidido recurrir a los tribunales para evitar proporcionar información sobre algunas de las operaciones realizadas.
Los populares se han centrado, en concreto, en el rescate de Volotea y en las empresas que han renegociado las condiciones de su rescate con la Sepi. El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia determinó en sendas resoluciones el derecho de acceso a esa información con exclusión de la información que la normativa considere de carácter reservado, que tenga carácter confidencial o que afecte a los intereses comerciales de las empresas.
Sin embargo, el Gobierno optó de nuevo por recurrir ante los tribunales la resolución del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia para no tener que proporcionar información alguna sobre esas operaciones.
Los populares exigen al Gobierno que explique por escrito cuáles son los motivos que invoca para llevar el asunto a los tribunales, cuando la institución encargada de regular la aplicación de la normativa de transparencia en España reconoce el acceso parcial a esa información, y también las razones que le mueven a «tratar de ocultar a cualquier precio cualquier información obrante en dichos expedientes», según se recoge en la pregunta parlamentaria a la que ha tenido acceso ABC.