El Gobierno deberá usar «criterios de interés general» si quiere intervenir en la opa de BBVA

La resolución de Competencia permite a BBVA seguir adelante con el proceso. Todas las miradas ahora apuntan hacia el Gobierno, que ha reiterado en muchas ocasiones su rechazo a la opa. La intervención de La Moncloa es crucial y el punto que puente dar al traste con la operación ya que la decisión está sujeta a la pura política. Tras la fase dos de la CNMC, se abre ahora la fase tres del Ejecutivo, que está tasada en la ley de defensa de la competencia.

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Daniel Caballero

Lo que puede hacer el Gobierno en la fase tres es mantener, suavizar o endurecer las condiciones que previamente ha decretado Competencia para BBVA. Todos los escenarios están abiertos, pero lo cierto es que apenas hay precedentes. El único precedente que existe de que una decisión haya llegado a fase tres y el Gobierno haya intervenido para modificar las condiciones está en la fusión de Antena 3 y La Sexta; entonces, el gabinete de Mariano Rajoy decidió suavizar las exigencias de la CNMC para que la operación pudiera prosperar por cuestiones de interés general.

Tras la decisión de ayer, comunicada mediante una nota de prensa, Competencia notificará más adelante de manera oficial, todavía se desconoce la fecha exacta, la resolución en fase dos a las partes y al Gobierno. En ese momento comenzará a correr el plazo de 15 días que tiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para decidir si eleva el caso al Consejo de Ministros para que lo evalúe y se pronuncie. Si Cuerpo decide elevar el caso, como se espera, el Consejo de Ministros tiene 30 días para pronunciarse. Lo que decidirá el Gobierno todavía es una incógnita, pero el rechazo de La Moncloa a la operación está claro. El margen que tiene el Gobierno no es ilimitado y deberá justificar la decisión que adopte. La ley establece que puede intervenir en base a «criterios de interés general» distintos de la competencia y cita varios de ellos: defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios en España, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y desarrollo tecnológicos y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

El Ejecutivo podrá utilizar cualquiera de esos criterios pero las fuentes consultadas señalan que hay dudas de que puedan encajar en la concepción que tiene el Gobierno en la cabeza, que pasa más por una decisión política que argumentada. En cualquier caso, no podrán usar criterios de competencia para intervenir, y la realidad es que hasta la fecha La Moncloa solo ha dado ese argumento y el de la cohesión territorial, que no está claro en qué punto de la ley encajaría.

Así las cosas, los bancos protagonistas esperan que el Gobierno en su intervención también hable de lo que haría en la posterior fusión de las dos entidades si BBVA triunfa con su opa. El Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar esa futura fusión. Lo que esperan los bancos, especialmente el Sabadell, es que el Gobierno diga ya si prohibiría la fusión posterior, para que los accionistas de la catalana tomen la decisión de acudir o no a la opa con toda la información disponible. Pero no existe ninguna certeza de que el Ejecutivo vaya a avanzar nada sobre sus planes futuros.