El Gobierno carga contra Ferrovial mientras la empresa recibe el respaldo inversor

«Se trata de una empresa que debe todo a España. No resulta aceptable que una compañía que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país», deslizaban este miércoles fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos después de que su titular, Nadia Calviño, mantuviera una conversación telefónica con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino para dejar patente la disconformidad del Gobierno con la salida del gigante español de las infraestructuras rumbo a Países Bajos tras más de 70 años de historia como empresa española.

Desde el Gobierno, no obstante, no se da aún la batalla por perdida. «Estamos pendientes de conocer los detalles (de la reestructuración corporativa de Ferrovial) para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión», explicaron fuentes del antiguo Ministerio de Economía a ABC. Desde el otro flanco del Consejo de Ministros, el de Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, azuzaba al departamento de Nadia Calviño para «adoptar todas las medidas que sean menester» para evitar que la compañía concrete sus planes de trasladar su sede social y fiscal a Países Bajos.

Pero la decisión ya está tomada. Y el factor de riesgo que sobrevolaba hoy las conversaciones con representantes del mundo empresarial era que el paso de Ferrovial pudiera convertirse en un peligroso precedente, dado el alto nivel de internacionalización que acreditan las principales empresas de nuestro país -en especial, las que cotizan en el Ibex 35, como es el caso de la propia Ferrovial, la duodécima empresa del selectivo por capitalización- y la indisimulable tensión que preside desde hace meses la relación del Gobierno de España con las grandes empresas del país, que de un tiempo a esta parte se han visto convertidas en víctimas predilectas de los ataques del Ejecutivo.

Las principales organizaciones empresariales del país optaron este miércoles por guardar un prudente silencio ante un movimiento que si bien ha puesto de manifiesto los riesgos de la agresiva estrategia del Gobierno con los grandes grupos empresariales también ha situado en una posición incómoda a los grupos que se quedan en España, como quedó demostrado con las apelaciones del Gobierno hoy a la supuesta falta de compromiso de Ferrovial con la economía española.

Fuentes empresariales asociaban hoy, desde el requisito del anonimato, el anuncio de Ferrovial al tenso clima creado por los ataques a empresarios que cada cierto tiempo salen desde el Gobierno, incluso desde el propio presidente, y a la orientación de las medidas de política económica impuestas en los últimos tiempos a las empresas sin negociación alguna.

La oposición política también alzó la voz. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, advirtió de que «corremos el riesgo de que se produzca un efecto contagio» tras la salida de Ferrovial de España si el Gobierno persiste en sus políticas económicas. En una línea similar, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que «si no hacemos de España un país un poco más atractivo para aquellos que arriesgan, que emprenden, que crean empleo, esto va a dejar de ser noticia», informa Juan Casillas.

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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) también recalcó que «la creciente inseguridad jurídica existente en nuestro país en el ámbito tributario como consecuencia de distintos factores, entre ellos, una creciente pérdida de calidad legislativa y la introducción de normas poco meditadas, en las que no se respetan los trámites legislativos constitucionalmente exigibles» podría estar detrás de la decisión de Ferrovial.

El Gobierno ha exorcizado esos fantasmas negando la mayor. Proclamó que la decisión de Ferrovial va a contracorriente, en un momento en que, según incidieron desde el Ministerio de Asuntos Económicos, grandes compañías multinacionales «han anunciado proyectos de inversión por más de 30.000 millones de euros en España» y en el que el país anda embarcado en un «proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en el sector en que está presente el grupo Ferrovial».

Yolanda Díaz, cuyo pulso con los empresarios se ha mantenido durante los tres años en los que su partido comparte Gobierno con el PSOE, optó por atacar por el flanco del patriotismo, cuestionando el compromiso de Ferrovial con la economía española y de paso dejando una sombra de duda sobre el compromiso del resto del tejido empresarial. «Ser español, ser española, es defender la permanencia en tu país. Esto no es compromiso con tu país. En los momentos de compromiso y necesidad de tu país las empresas han de ser ejemplares», espetó. La ministra instó, además, a Ferrovial a aceptar «sin rubor» que cambia su sede a los Países Bajos por motivos fiscales y ha llamado a acabar con la competencia fiscal desleal en Europa.

Fue la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que enmendó esta afirmación de la vicepresidenta segunda, al quitar peso al impacto fiscal del traslado de sede de la constructora a los Países Bajos, con el argumento de que, «ya ha anunciado que mantendrá su negocio en España» y que por tanto continuará pagando impuestos en el país, y recordando que a día de hoy la multinacional ya paga el 80% de sus impuestos fuera.

Lo del impacto en la Hacienda española admite matices, ya que el canal de financiación a través de los dividendos de filiales extranjeras desemboca a día de hoy en la matriz española, dejando un impuesto del 5% en las arcas del Estado, y de confirmarse el traslado desembocaría en la matriz de Países Bajos sin dejar un solo euro en Hacienda. «Hay que recordar que las empresas ubicadas en España pagan aquí por su renta mundial y eso dejará de ocurrir si traslada su matriz a otro país», explica José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado.

Ferrovial justifica el traslado de su sede social y fiscal por el «marco jurídico estable» que ofrecen los Países bajos y a juicio de la principal asociación de asesores fiscales española y de las fuentes de la asesoría fiscal es lo que puede encontrar en un país, que no solo ofrece una fiscalidad más atractiva para las empresas multinacionales sino un entorno «más amigable».

El doctor por la Universidad de Valencia, economista y profesor de ESIC, Fernando Castelló también subraya las intenciones de la compañía de entrar a cotizar en las Bolsas de Países Bajos y Estados Unidos. «La liquidez que puede lograr en esos mercados internacionales es notoria para una empresa que quiere acceder a grandes contratos de construcción y gestión de infraestructuras por todo el mundo».