Más de la mitad de los alquileres en España están «en negro»

Los técnicos de Hacienda denuncian que los alquileres sumergidos defraudan 3.000 millones de euros

PATRICIA MORALES

El plan antifraude ha perdido su esencia. Los objetivos que se pretendían conseguir con la aprobación de dicho plan quedaron estancados en 2008 con la irrupción de la crisis económica mundial. Y las consecuencias del estancamiento de esas medidas han llegado. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ... estiman que más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco.

Traducido en cifras, significa que el 55,38% del total de viviendas alquiladas en España están fuera de la legalidad. Los llamados «alquileres negros» aumentaron en un 1,3% entre 2007 y 2008, lo que supuso un total de 209.159 alquileres sumergidos en toda España. Así las cosas, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, llegando a la cifra total de 2.926 millones de euros de fraude estimado.

Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor. Esta norma recoge como «medida estrella» la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder «fichar» aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido. Medidas que, a su juicio, aumentarían la efectividad de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude.

Los Técnicos de Hacienda entienden que los alquileres aflorados, es decir, los alquileres que escaparon de la ilegalidad, lo hicieron debido a dos motivos: el primero, la deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales). El segundo motivo reside en el beneficio por parte de los propietarios de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos. Mientras que la causa de que el fraude aumentara puede responder, según Gestha, a la decisión de algunos ciudadanos de sumergir las rentas de sus alquileres al presentar su declaración de la Renta en junio de 2009, en un momento «económicamente muy delicado».

Cataluña, Andalucía y Madrid, las que tienen más alquileres sumergidos

Por Comunidades Autónomas, Cataluña lidera la lista de las zonas geográficas que cuenta con mayor número de alquileres sumergidos, en concreto, 312.781 viviendas, que supone 855,6 millones de euros defraudados. Madrid, por su parte, tenía en 2008 273.056 alquileres de viviendas sin declarar, causando un perjuicio a Hacienda de más de 838 millones de euros. Andalucía, lejos de alcanzar los 800 millones de euros, defraudó cerca de 450 millones de euros con 220.644 alquileres de viviendas sumergidas.

Asimismo, el informe de Gestha muestra que las regiones que lograron reducir en mayor medida la cifra de alquileres sumergidos y el fraude fueron las Islas Baleares y Extremadura. Así, las islas recortaron en más de 11.000 los alquileres sumergidos, lo que supone una disminución de su bolsa de fraude por este concepto de más de 28 millones de euros. Extremadura, por su parte, disminuyó en 6.336 su número de alquileres sumergidos, con un recorte del fraude de casi 6 millones de euros.

Para combatir este fraude fiscal, cercano a los 3.000 millones de euros, Gestha considera «imprescindible» que se cumpla la Disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar las medidas necesarias para que los Técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones. De este modo, y mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH), se aprovecharán al máximo su experiencia y capacidades, aumentando considerablemente el control tributario y aduanero, y el control del gasto público.

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