Fedea advierte de que el concierto catalán abrirá una guerra autonómica por atraer sedes de empresas

«La reforma del sistema de financiación territorial sería buena cosa, pero si queremos que se traduzca en una mejora habrá que buscar una vía alternativa a la que proponen ERC y el PSC», remacha De la Fuente, que a la luz de los argumentos sostenidos por el Gobierno en los últimos días se ratifica en que tanto la cesión gradual de todas las competencias del Estado en materia tributaria a la Generalitat como la entrega de las llaves de la caja son incompatibles con un mantenimiento de los actuales resortes de solidaridad entre territorios tanto del sistema de financiación autonómica como de la actuación del Estado. «Es el inicio del desguace el estado federal», advierte De la Fuente.

Y sus derivadas serían preocupantes en algunos aspectos concretos. «Cabe pensar que la exigencia de mayor poder normativo se refiere fundamentalmente al Impuesto de Sociedades», observa el director de Fedea, que advierte de las consecuencias que podría tener esa decisión.

No solo porque plantearía la cuestión de cómo repartir entre las haciendas implicadas, la estatal y la catalana o la catalana y la de otras comunidades autónomas, los ingresos de ese impuesto y las responsabilidades de gestión sobre empresas que operan en su mayoría en diferentes territorios, sino que «abriría la puerta a una competencia para atraer establecimientos productivos y sedes empresariales que sería prudente evitar».

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El acuerdo entre PSC y ERC habla de plena soberanía fiscal y define esta como la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos y la ministra de Hacienda se comprometió en el Senado a cumplir ese acuerdo en su literalidad. A nivel del Impuesto de Sociedades eso supondría tanto como equiparar el esquema al ya existe en las haciendas forales, donde la recaudación de las empresas se reparte con un complejo sistema que determina donde se produce la facturación.

El Gobierno ya se comprometió en el acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez a abordar «los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».

En aquel momento los juristas enfatizaron la falta de herramientas disponibles en la legislación vigente para poder hacer eso, más allá de la capacidad de la Generalitat para arbitrar incentivos en su esfera competencial. Un cambio radical del sistema de financiación de Cataluña, con la cesión de las competencias sobre el Impuesto de Sociedades, configuraría un espacio bien diferente, que permitiría a la Generalitat un fenomenal margen de maniobra para plantear incentivos.