Nicolás Redondo: el sindicalista que cimentó el diálogo social

Nicolás merece ser tildado de dirigente de la transición, uno junto a los antes nombrados y muchos más, sobre cuyos hombros la Historia depositó la responsabilidad de conducir la acción política para transformar un país autocrático, el heredado tras la muerte de Francisco Franco, en uno democrático, con los derechos habituales de un sistema de estas características, es decir: libertad de prensa, libertad sindical, derecho de huelga, derechos sociales, Estado de derecho…. A la postre, un conjunto de equilibrios sobre los cuales se sustenta la tenencia y administración del poder político.

Pero Nicolás Redondo no fue un dirigente más entre los de la época. A él le correspondió protagonizar el giro del que fue autor el sindicato que dirigía, en pos de establecer con el Gobierno un protocolo de actuación mediante compromisos y pactos, en el que debía ser parte la patronal española, CEOE, para construir las nuevas instituciones propias de un marco democrático de relaciones laborales.

Hemos de recordar que una corriente aparentemente dominante en el Gobierno y en el sindicato CCOO era en aquel momento más partidaria de discurrir mediante pactos a la italiana, es decir, asegurar la gobernación del país con la colaboración de parte de la oposición, representada por el Partido Comunista, y con la sólida cobertura en el mundo laboral de CC.OO., a fin de que las sucesivas políticas, en todos los órdenes, contaran con un consenso en las cámaras legislativas que excediera de los diputados que ostentaba el partido que sostenía a Adolfo Suárez sin mayoría absoluta.

Nicolás optó por sostener la tesis contraria de que la normalización del orden social debía recaer sobre las espaldas del empresariado y de los sindicatos, atreviéndose a realizar tal tarea en solitario si CC.OO. optaba por otorgar preferencia al compromiso político sobre el laboral.

Fue entonces cuando nació, en junio de 1979 y tras una negociación amplia y muy intensa, el ABI (Acuerdo Básico Interconfederal,9), el abuelo de los acuerdos del diálogo social. Basta leer ahora su contenido para descubrir que en la dicción de dicho acuerdo se encuentran los factores e ingredientes que alimentaron en los 20 sucesivos años buena parte de la concertación social que siguió al ABI y que abarcó tareas tan esenciales para la normalización laboral como los salarios, la estructura de los convenios colectivos, la jornada -estableciendo al respecto el cómputo global anual de esta y su distribución irregular- y múltiples compromisos que afectaron a diversas cuestiones laborales. El primer producto de la concertación social emprendida fue la reducción de la conflictividad laboral, que descendió de las 86 millones de horas perdidas al año, lo que nos convertía en el país más conflictivo de Europa después de Grecia, a las 10-12 millones de horas que se han convertido en habituales desde entonces.

Nicolás comprendió que una democracia era más sólida si los sindicatos y patronales pactaban entre sí, y ello merecía el aplauso del Gobierno.

En el ABI no hubo compromisos salariales, pero sí se produjeron en el inmediato AMI (Acuerdo Marco Interconfederal) de 1980. Ese mismo año se estableció el primer Pacto Social que suscribieron CEOE, UGT y CC.OO. con el Gobierno de Calvo Sotelo, y que pretendió favorecer la salida de la grave crisis económica que afectaba a nuestro país, y que tenía, como siempre, una gran trascendencia en la abultada cifra existente de desempleo. En 1983 CC.OO. se apeó de su voluntad de implicar siempre en las negociaciones al Gobierno para pactar con la CEOE y con la UGT el AI o Acuerdo Interconfederal, en el que se establecían reglas precisas de cómo debían ser negociados los más de 5.000 convenios colectivos existentes en nuestro país. Los acuerdos interconfederales eran normas obligacionales o contractuales, y no tenían eficacia normativa o directa, pero el nivel de seguimiento de estos fue siempre superior al 80%, lo que denota, una vez más, el sustrato democrático y de solidaridad en el que se desenvuelve, desde la transición, la política social en España.

Nicolás Redondo difirió del Gobierno de Felipe González en la regulación de cuestiones esenciales para la política española como las pensiones o la liberalización del empleo, lo que motivó la convocatoria de una huelga general en 1988 de éxito indudable y que obligó a Felipe González y a su ministro de Economía, Carlos Solchaga, a pactar y transigir. Nicolás fue, en fin, un dirigente imprescindible para una época difícil, en la que supo hacer Historia, con mayúsculas, en beneficio de la paz y la concordia social, y merece sin duda nuestro recuerdo entrañable cuando, desgraciadamente, acaba de morir.